Escándalo por audios de PNP Izquierdo sacude al gobierno de Dina Boluarte

El escándalo por los presuntos audios del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", ha tomado un giro inesperado. En estos audios, que fueron presentados por Izquierdo como parte de una denuncia, se escucha una conversación en la que se menciona a la presidenta Dina Boluarte solicitando al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el cierre de la Diviac, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, Santiváñez ha salido al paso de estas acusaciones, denunciando una manipulación en los audios que pone en duda su autenticidad. El ministro del Interior ha negado categóricamente que la voz que se escucha en los audios le pertenezca. En declaraciones a radio Exitosa, Santiváñez afirmó que la grabación ha sido alterada y que existen hasta tres voces sobrepuestas. "En primer lugar, yo no reconozco esas conversaciones, porque nunca las he tenido. Ni siquiera es mi voz", aseguró, dejando claro su desacuerdo con el contenido de los audios. Santiváñez, quien ha mantenido una relación de amistad con el capitán Izquierdo, enfatizó que las grabaciones presentadas no son verídicas y se mostró confiado en que las pericias que realizará la Fiscalía demostrarán que no se trata de su voz. “Soy consciente de que lo que se va a acreditar es que no es mi voz. Esa supuesta conversación no forma parte del audio grabado y transcrito”, afirmó, en un intento por deslegitimar el material presentado en su contra. El escándalo ha generado reacciones en distintos sectores, incluyendo desde la oposición política. Fuerza Popular ha pedido a la presidenta Boluarte que aclare si realmente ordenó el cierre de la Diviac, lo que pone en el ojo del huracán a la jefatura del Estado en un momento de tensión política. Además, Santiváñez anunció que ha interpuesto una denuncia contra Izquierdo por difundir los audios, acusándolo de manipulación. "He interpuesto una denuncia por organización criminal contra el capitán Junior Izquierdo y otras personas responsables", declaró, subrayando que su intención es proteger su imagen y la gestión del Ministerio del Interior. En un intento por restar importancia a los costos legales que ha de afrontar, el ministro minimizó los S/ 120,000 que se destinarán al estudio de abogados Carlos & Asociados. Según su perspectiva, el costo es "barato" para una defensa que considera esencial ante las acusaciones que enfrenta. La situación es compleja y no se puede pasar por alto el contexto en el que se desarrolla. La Diviac ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado y su eventual cierre significaría un retroceso significativo en las políticas de seguridad del país. Este hecho, en caso de confirmarse, podría tener graves repercusiones en el ámbito de la seguridad pública y la confianza en las instituciones. Mientras tanto, la atención se centra en las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía. Las pericias de audio podrán determinar si efectivamente hubo manipulación y, en caso afirmativo, a qué intereses podría servir dicha alteración. La incertidumbre sobre el futuro de la Diviac y la estabilidad del Ministerio del Interior sigue generando un clima de tensión. El desenlace de esta controversia no solo impactará a los involucrados directamente, sino que también puede influir en la percepción pública sobre la gestión del gobierno de Boluarte. La credibilidad de las instituciones se encuentra en juego, y cualquier indicio de corrupción o manipulación podría erosionar aún más la confianza ciudadana. Así, el caso de los presuntos audios se convierte en un nuevo capítulo de la convulsa política peruana, donde la verdad y la manipulación parecen estar en constante pugna. La sociedad espera respuestas claras que permitan restablecer la confianza en sus líderes y en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.