Crecen las críticas al Caso Cocteles por irregularidades y motivaciones políticas

El juicio del Caso Cocteles ha sido objeto de intensos debates en los últimos meses, y se ha convertido en un tema candente dentro del ámbito judicial y político del país. Este caso, que involucra a 49 imputados, ha desatado un torbellino de críticas que cuestionan no solo la legalidad del proceso, sino la motivación subyacente que lo ha impulsado desde su inicio. Según varios expertos, incluyendo al penalista Arsenio Oré, el proceso debería ser archivado debido a su naturaleza política y a las múltiples irregularidades que lo rodean. Desde el principio, la base de la acusación ha sido objeto de controversia. Las donaciones de campaña, que estaban en el centro del caso, nunca debieron ser consideradas delito ni mucho menos configuraron lavado de activos. Esta premisa ha sido reiterada en múltiples ocasiones, lo que hace aún más escandaloso que el caso haya alcanzado la fase de juicio oral. Según los detractores, esto es un claro indicio de que el proceso fue impulsado por razones políticas más que por un verdadero afán de justicia. Además de las cuestiones de fondo, hay fallas estructurales en el propio proceso que hacen inviable continuar con el juicio. El Código Procesal Penal establece requisitos claros que deben ser cumplidos por la acusación. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación que carece de los elementos mínimos necesarios para que los imputados puedan conocer las acusaciones específicas en su contra y, por ende, defenderse adecuadamente. Se trata de un derecho fundamental que ha sido ignorado. El juez, en lugar de archivar el caso por las deficiencias presentes en la acusación, se vio obligado a solicitar subsanaciones en 12 ocasiones, alterando el orden legal establecido. Este escenario sólo ha contribuido a la confusión y ha dejado a los imputados en una posición sumamente vulnerable. La falta de claridad en las acusaciones es una violación directa del principio de defensa y ha llevado a cuestionar la imparcialidad del proceso judicial. Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la premura con la que se llevó a cabo la acusación. Según Oré, el fiscal cerró la investigación preparatoria de manera abrupta, justo antes de las elecciones presidenciales de 2021, donde Keiko Fujimori, la principal imputada, se postulaba para la presidencia. Esta acción ha sido interpretada como un intento deliberado de afectar sus posibilidades electorales, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial. No solo se argumenta que las motivaciones detrás del juicio son políticas, sino que también se señala el hecho de que la acusación fue redactada en un tiempo récord de cinco horas, cuando la ley permitía un plazo de 30 días. Este apuro temporal pone en evidencia que no se tomaron las debidas precauciones para garantizar que los cargos presentados fueran sólidos y fundamentados en pruebas concretas. La comunidad jurídica ha comenzado a alzar la voz en contra de lo que consideran un abuso de poder y una manipulación del sistema judicial. La falta de transparencia y el manejo poco ortodoxo del caso no solo afectan a los imputados, sino que también socavan la confianza pública en el sistema de justicia. En este contexto, muchos demandan que el Caso Cocteles sea archivado de inmediato para evitar más daño tanto a los involucrados como a la reputación del Poder Judicial. Con la presión pública en aumento y el clamor por una resolución justa, parece que el momento ha llegado para que las autoridades reconsideren el futuro del Caso Cocteles. Archivar el caso no solo sería un acto de justicia para los 49 imputados, sino también un paso necesario para restaurar la credibilidad de un sistema judicial que ha sido puesto a prueba. En conclusión, el Caso Cocteles se presenta no solo como un conflicto judicial, sino como un reflejo de las tensiones políticas que continúan permeando el país. La necesidad imperiosa de un sistema judicial imparcial y transparente es más relevante que nunca. La sociedad espera que se tomen decisiones que prioricen la justicia sobre la política, evitando así que el poder judicial se convierta en una herramienta de control y persecución política.