Fujimori vuelve a la palestra tras anulación de acusación por esterilizaciones forzadas

La reciente decisión del Poder Judicial de Perú ha reabierto un capítulo polémico en la historia legal del expresidente Alberto Fujimori y el caso de las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo durante su gobierno. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ha anulado la acusación penal en su contra, lo cual ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social. La resolución significa que el caso regresa a la etapa inicial de denuncia penal, específicamente a marzo de 2019, lo que implica que se deshacen todas las diligencias y actos procesales que ocurrieron entre 2021 y 2023. El abogado defensor de Fujimori, Elio Riera, ha calificado la decisión como un triunfo político para su cliente, quien ha manifestado interés en participar en futuras elecciones presidenciales. En sus declaraciones a los medios, Riera se mostró complacido con el pronunciamiento judicial, asegurando que este demuestra la inocencia de Fujimori en un caso que ha sido un punto de controversia durante más de dos décadas. "Políticamente, favorece mucho, porque demuestra plenamente que el expresidente no ha cometido ningún tipo de delito", afirmó. El abogado también se comprometió a seguir con atención los próximos pasos en el proceso judicial, con la esperanza de que su cliente obtenga finalmente un archivo del caso. Esta perspectiva de justicia es particularmente interesante en el contexto actual, dado que el expresidente ha enfrentado múltiples casos a lo largo de su carrera, pero el caso de las esterilizaciones forzadas ha sido uno de los más significativos por la grave violación de derechos humanos que implica. Riera argumentó que la decisión del Poder Judicial es un reconocimiento de las vulneraciones a los derechos fundamentales de Fujimori. Según el abogado, nunca se ha logrado precisar de manera convincente en qué consistirían las imputaciones en su contra. "No ha existido nunca la imputación necesaria; es decir, no se ha logrado precisar en ningún momento de qué manera el expresidente habría cometido o habría formado parte del supuesto hecho delictivo", subrayó Riera. El caso ha sido archivado en múltiples ocasiones a lo largo de los años, lo que Riera considera una evidencia de la falta de contundencia en las acusaciones. A pesar de ello, el abogado no descartó la necesidad de investigar otros casos relacionados, aunque matizó que tal investigación no debería implicar automáticamente la culpabilidad de Fujimori en la implementación de políticas de planificación familiar que resultaron en esterilizaciones no consentidas. Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos han expresado su descontento con la decisión judicial, argumentando que Fujimori debería ser responsabilizado por las acciones de su gobierno. Ante esta realidad, Riera reconoció que respetan las opiniones de estas organizaciones, pero reiteró que la defensa de Fujimori se acata a lo que establece el Poder Judicial. El contexto de esta resolución no es aislado. En un país donde la memoria histórica de los abusos gubernamentales aún resuena, el caso de las esterilizaciones forzadas es un recordatorio de las consecuencias de políticas públicas mal implementadas. Las tensiones entre la justicia, la política y la memoria colectiva son palpables, y cada decisión judicial parece tener un impacto más allá de lo legal. La inclusión de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, que ahora deberá ajustar su acusación al nuevo Código Procesal Penal, sugiere que el camino hacia la justicia en este caso no está cerrado del todo. Sin embargo, los plazos y la burocracia judicial podrían prolongar aún más un proceso ya de por sí extenso y doloroso para muchas víctimas. Mientras tanto, la figura de Alberto Fujimori sigue polarizando a la sociedad peruana. Las reacciones a la decisión del Poder Judicial muestran un espectro amplio de opiniones y sensibilidades que reflejan no solo el pasado del país, sino también las luchas políticas actuales y futuras. La resolución es solo un nuevo capítulo en una larga historia de conflictos sobre derechos humanos, justicia y política en Perú.