Nuevo Ministerio de Infraestructura en Perú: ¿solución o solo más burocracia?

El reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre la creación de un nuevo Ministerio de Infraestructura ha desatado un amplio debate en la sociedad peruana. La propuesta, que busca centralizar la gestión de proyectos de infraestructura en un "megaministerio", promete mejorar la planificación y ejecución de obras públicas, un área que ha sido históricamente problemática en el país. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que parecen subyacer a esta iniciativa, surgen serias interrogantes sobre su viabilidad en un contexto de debilidad institucional y un proceso de descentralización que ha dejado mucho que desear. El objetivo principal de este nuevo ministerio es, sin duda, ambicioso: mejorar la gestión de la infraestructura pública a nivel nacional. En un Estado donde la gestión pública es uno de los principales problemas que enfrenta, el hecho de que se busque abordar estas cuestiones a través de una entidad especializada podría ser visto como un paso en la dirección correcta. Las atribuciones previstas incluyen la planificación integral, la mejora de servicios públicos, la reducción de brechas de infraestructura y la coordinación entre diversos niveles de gobierno. Desde un punto de vista conceptual, estas son medidas que podrían contribuir a una mejor gestión y eficiencia. No obstante, la experiencia internacional sugiere que la creación de ministerios de este tipo no siempre garantiza el éxito. En Perú, la historia de la burocracia estatal está repleta de ejemplos de iniciativas ambiciosas que se convirtieron en estructuras rígidas y poco efectivas. Uno de los temores más recurrentes es que este nuevo ministerio se transforme en una agencia de empleo para familiares y conocidos de políticos, en lugar de un ente especializado que realmente impulse la gestión de infraestructura. Para evitar que esto suceda, será fundamental establecer mecanismos meritocráticos claros en el proceso de selección de personal. Además, la creación del Ministerio de Infraestructura no solucionará de manera mágica los problemas existentes en la gestión de proyectos. La realidad es que el país enfrenta enormes brechas de infraestructura que requieren atención urgente. En el sector educativo, por ejemplo, menos del 30% de las escuelas públicas cuenta con los servicios básicos necesarios. En salud, más del 90% de las instalaciones carecen de capacidades adecuadas. La pregunta que queda es si un nuevo ministerio podrá realmente cambiar esta situación crítica. Los números hablan por sí mismos. A nivel nacional, la ejecución de recursos en los principales sectores ha sido desalentadora. El gobierno nacional ha ejecutado apenas el 45% de su presupuesto, y en los municipios, la cifra es igualmente preocupante. La ineficiencia en la gestión se evidencia en la existencia de más de 24 mil proyectos que no han recibido ningún desembolso, reflejando un problema profundo en la planificación y ejecución de obras públicas. La situación es aún más alarmante cuando se considera que cerca del 42% de los proyectos están presupuestados pero no tienen avances. Esta falta de progreso se traduce en ineficiencia y una pérdida de recursos que podría utilizarse para cerrar las brechas existentes en sectores clave. La repetición de este ciclo de asignación de recursos a proyectos nuevos, mientras otros quedan paralizados, habla de una planificación deficiente que ha sido la norma más que la excepción. A lo largo de los últimos diez años, de los aproximadamente 150 mil proyectos que se han ejecutado, solo el 10% se han completado. Este dato es revelador y pone de manifiesto la gravedad del problema. La creación de un nuevo ministerio podría ser un intento de abordar estos desafíos, pero no será suficiente si no se implementan reformas profundas que transformen la forma en que se planifican y ejecutan los proyectos. En definitiva, la propuesta de un Ministerio de Infraestructura podría representar una oportunidad para mejorar la gestión pública en el país. Sin embargo, es crucial que se establezcan las bases necesarias para que esta nueva entidad funcione de manera efectiva. La lucha contra la ineficiencia, la corrupción y la falta de planificación debe ir más allá de un mero cambio estructural; requiere un compromiso serio y la voluntad política de hacer las cosas de manera distinta. Finalmente, el futuro del nuevo Ministerio de Infraestructura dependerá de la capacidad del gobierno para implementar medidas concretas que aseguren su funcionamiento óptimo. Solo así se podrá garantizar que esta iniciativa no se convierta en un nuevo ejemplo de lo que podría haber sido, sino en una real transformación de la gestión de infraestructura pública en el Perú. Con la mirada puesta en la rendición de cuentas y la transparencia, será vital que la sociedad civil y los actores políticos trabajen juntos para asegurar que las buenas intenciones no se queden solo en el papel.