Ecuador rechaza asilo de Jorge Glas y cierra la puerta a su salvoconducto

El Gobierno ecuatoriano, bajo la administración de Daniel Noboa, ha reafirmado su postura en relación al asilo solicitado por el exvicepresidente Jorge Glas, indicando que no se le concederá el salvoconducto requerido por el Gobierno mexicano. Esta decisión se basa en la consideración de que el asilo otorgado a Glas el pasado 5 de abril no es "lícito", ya que las autoridades ecuatorianas lo clasifican como un "delincuente común" y no como un "perseguido político". Glas, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, ha sido sentenciado en dos casos emblemáticos de corrupción: Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Las sentencias han resultado en una pena unificada de ocho años de prisión, además de enfrentar una orden de prisión preventiva relacionada con el caso de la Reconstrucción de Manabí, que aún está en proceso de investigación. En un comunicado emitido el 5 de agosto, el Gobierno mexicano indicó que el objetivo del salvoconducto era facilitar el traslado de Glas a un tercer país, un requerimiento que ha sido desestimado por Ecuador. La administración de Noboa ha manifestado que aceptar esta solicitud implicaría una contradicción con las leyes y tratados internacionales vigentes, subrayando que el exvicepresidente no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado un refugiado político. El comunicado oficial también menciona la preocupación por la salud de Glas, sugiriendo que se deberían tomar medidas humanitarias ante su situación. Sin embargo, la respuesta ecuatoriana ha sido firme: la situación de Glas es un asunto judicial y no humanitario. Esto ha llevado a la interpretación de que, incluso si se hubiera otorgado el salvoconducto, el poder judicial no estaría obligado a liberarlo, debido al principio de separación de poderes que rige en el país. Analistas de distintas disciplinas han coincidido en que la solicitud de asilo y el posterior pedido de salvoconducto presentan complicaciones legales. El penalista Julio César Cueva argumenta que la decisión sobre el salvoconducto es meramente política, pero la prisión de Glas es resultado de una determinación judicial firme. Por lo tanto, esta situación refleja la complejidad del sistema judicial ecuatoriano y su independencia. Por su parte, Michel Leví, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, ha señalado que, aunque México otorgó el asilo a Glas, este se encuentra encarcelado y no en la Embajada mexicana como sería esperado en situaciones de asilo. Este hecho ha generado una controversia sobre la legitimidad del asilo mismo, dado que el exvicepresidente no está en libertad y enfrenta graves acusaciones. La controversia se complica aún más al considerar que Ecuador ha llevado este asunto a la Corte Internacional de Justicia, argumentando que el asilo no puede ser solicitado por individuos imputados por delitos comunes. Este punto es crucial, ya que establece un precedente en la política de asilo del país y su postura frente a la criminalidad y la corrupción. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas, también ha expresado su opinión sobre la situación, calificando el pedido del salvoconducto como “totalmente fuera de lugar”. Para él, la negativa de Ecuador a reconocer el asilo otorgado a Glas se basa en la premisa de que no es un perseguido político, lo que ha llevado a la interpretación de que la solicitud de México podría tener intenciones más políticas que humanitarias. Como se puede apreciar, la situación de Jorge Glas no solo es un caso de justicia penal, sino que también se entrelaza con cuestiones de política internacional y relaciones diplomáticas. La decisión del Gobierno ecuatoriano podría tener repercusiones más allá de su frontera, afectando la relación con México y la forma en que se manejan los casos de funcionarios acusados de corrupción en el futuro. La situación continúa generando un amplio debate en la sociedad ecuatoriana, donde la opinión pública se encuentra dividida entre la defensa de la justicia y el respeto por los derechos humanos.