Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En un giro inesperado, la moción de censura presentada contra los ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Teresa Hernández, respectivamente, fue archivada por el Congreso tras no alcanzar las 33 firmas necesarias. Este hecho se produce en medio de una creciente indignación por los recientes casos de abuso sexual que han afectado a escolares de la comunidad Awajún en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La noticia ha generado un profundo descontento, tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, donde muchos consideran que se ha perdido una oportunidad crucial para exigir responsabilidades a los funcionarios públicos. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció en el pleno que la moción no prosperó debido al retiro de firmas por parte de algunos legisladores clave, entre ellos Jorge Coayla de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Kira Alcarraz de Podemos Perú y Milagros Jáuregui de Renovación Popular. Esta decisión ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la falta de apoyo a una causa que muchos consideran urgente y necesaria para proteger a las niñas y niños de comunidades vulnerables. Legisladores como Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, no tardaron en expresar su decepción y descontento ante esta situación. Paredes visitó la región del Cenepa recientemente y relató que el estado de los colegios es alarmante, lo que, a su juicio, justifica la interpelación de ambos ministros. "La verdad es que estoy bien decepcionada de quienes han retirado la firma", declaró Paredes, apuntando directamente a los colegas que se desmarcaron de la moción. Edwin Martínez, de Acción Popular, también se sumó a las críticas, calificando de "cobarde" a quien formula una interpelación y no logra sostenerla, además de condenar la actitud de los ministros al referirse a los abusos de manera "tan sucia". Las palabras de Martínez reflejan un sentimiento creciente entre algunos legisladores de que la política debe tener un compromiso genuino con la defensa de los más vulnerables. Por su parte, el ministro Morgan Quero defendió su postura frente a la censura, argumentando que las críticas y el deseo de censura son "muestras de intolerancia" que no deben ser parte de la democracia. Además, consideró "normal" que algunos legisladores cambien de opinión sobre ciertos temas, un comentario que parece minimizar la seriedad de las acusaciones en su contra y en contra de su colega. La moción de censura había sido impulsada por la parlamentaria Ruth Luque, quien señaló que la actitud de ambos ministros no solo era discriminatoria, sino que también contribuía a un clima de impunidad para los abusos en comunidades indígenas. Luque acusó a Quero de referirse a los abusos como "prácticas culturales", un comentario que generó gran controversia y que fue interpretado por muchos como una grave falta de respeto hacia las víctimas. Además, se resaltó que la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, también fue señalada por hacer declaraciones que se consideraron excluyentes y discriminatorias hacia las comunidades awajún y wampis. Estas declaraciones no solo parecen socavar la confianza pública en estos ministerios, sino que también refuerzan la percepción de que las voces de las comunidades indígenas son ignoradas en los espacios de poder. La situación resalta un dilema más profundo en la política peruana: la necesidad de un compromiso real y efectivo por parte de los funcionarios públicos para abordar las problemáticas que enfrentan las comunidades vulnerables, especialmente en términos de violencia y abuso sexual. La falta de una respuesta contundente por parte del Congreso podría resultar en un mayor descontento social, particularmente en un contexto donde la violencia contra mujeres y niñas ha sido un tema de creciente preocupación. El archivo de la moción de censura, por lo tanto, no solo representa una derrota para quienes buscan justicia para las víctimas, sino también un reto para el Congreso, que deberá reflexionar sobre su papel en la protección de los derechos de los ciudadanos más vulnerables. La opinión pública estará atenta a los próximos pasos del Legislativo y a la respuesta de los ministros involucrados, que deberán demostrar un compromiso real hacia la erradicación de la violencia y la promoción de la igualdad. Este episodio plantea interrogantes sobre el futuro de la política educativa y de género en el Perú, en un contexto donde la lucha por los derechos de las comunidades indígenas debe ser una prioridad innegociable para cualquier gobierno comprometido con la justicia social. La ciudadanía se hace eco de estas demandas, y el tiempo dirá si los legisladores están dispuestos a escuchar.