Solicitud de México para salvoconducto de Glas genera debate político en Ecuador

La reciente solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México al gobierno ecuatoriano para obtener un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge David Glas Espinel ha generado un amplio debate en el ámbito político y social de ambos países. Esta petición, formalizada el 5 de agosto de 2024, se fundamenta en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un tratado que establece las normas para la protección de aquellos que buscan refugio en el extranjero. El hecho de que la solicitud se haya hecho a través del gobierno suizo, en virtud de un acuerdo firmado previamente para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, demuestra un enfoque diplomático que busca la colaboración internacional en un caso que ha captado la atención de la opinión pública. México ha solicitado que Glas sea trasladado a un tercer país, conforme a lo estipulado en el artículo XIX de la Convención de Caracas, lo que añade una capa de complejidad a una situación ya complicada. Además de la solicitud de salvoconducto, la SRE ha enfatizado la necesidad de adoptar medidas humanitarias inmediatas para garantizar la excarcelación y custodia segura de Glas, quien se encuentra en una situación crítica de salud en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. La delicada condición de salud del exvicepresidente ha sido un factor recurrente en la argumentación de su defensa, que desde su encarcelamiento ha intentado sin éxito presentar hábeas corpus que permitan su liberación. Glas, condenado por dos sentencias firmes relacionadas con los escándalos de corrupción de Odebrecht y Sobornos 2012-2016, así como por una orden de prisión preventiva vinculada a la investigación sobre la Reconstrucción de Manabí, se ha convertido en un símbolo de la lucha anticorrupción en Ecuador. Su situación ha suscitado reacciones diversas, tanto de apoyo como de crítica, lo que refleja la polarización política en el país. La decisión de México de otorgar asilo político a Glas, tomada el 4 de abril de 2024, se basó en una evaluación exhaustiva de su situación, destacando el principio pro persona que rige la Constitución mexicana. Este principio establece que en cualquier caso de interpretación de derechos humanos, se debe optar por la opción que más favorezca a la persona, algo que se ha alineado con la tradición humanitaria que caracteriza a México en el ámbito internacional. Sin embargo, hasta el momento, la Cancillería ecuatoriana no ha confirmado la recepción de la solicitud de salvoconducto. Esta falta de respuesta podría interpretarse como un signo de las tensiones entre los dos gobiernos, así como de la complejidad del caso de Glas, que no solo involucra cuestiones legales, sino también sensibilidades políticas y diplomáticas. El contexto de esta solicitud se enmarca en un panorama más amplio de relaciones bilaterales, donde la política exterior de México busca posicionarse como un país que defiende los derechos humanos y el asilo político. Sin embargo, el caso de Glas plantea interrogantes sobre cómo se equilibran estos principios con las consideraciones de soberanía y justicia que el gobierno ecuatoriano defiende en relación a la corrupción y la rendición de cuentas. La postura del gobierno ecuatoriano en este asunto será crucial para determinar el futuro de Glas y la viabilidad de la solicitud mexicana. La respuesta de Ecuador podría influir en las relaciones diplomáticas entre ambos países, así como en la percepción pública de cómo se manejan los casos de corrupción en la región. En este contexto, el caso de Jorge David Glas no solo es un tema judicial, sino que ha evolucionado hacia un escenario de relevancia política y diplomática. La atención de los medios, la opinión pública y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca los avances en este asunto, que no solo afecta a los involucrados, sino que también tiene repercusiones más amplias en la política de asilo y los derechos humanos en América Latina.