Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En una reciente controversia que ha sacudido al Ministerio del Interior, el actual titular de la cartera, Juan José Santiváñez, ha sido acusado de intentar interceder en favor de un detenido durante un operativo policial. Según un informe del programa "Cuarto Poder", Santiváñez, cuando se desempeñaba como viceministro de Orden Interno, habría solicitado a un capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) que lo conectara con uno de los detenidos para recomendar a un abogado amigo. El operativo en cuestión tuvo lugar el 26 de abril de 2023 y fue llevado a cabo por el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), en conjunto con un equipo especial de la Policía que ha sido posteriormente desmantelado. Durante el operativo, fue capturado el coronel en retiro Martín Gonzáles Sánchez, exviceministro durante el gobierno de Pedro Castillo, figura que ha sido vinculada a diversos actos de corrupción. Los audios y mensajes de texto divulgados por el programa revelan una conversación en la que Santiváñez menciona a un amigo, Luchito Vivanco, interesado en defender al coronel Alarcón Camacho. "Amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho. Porfa, amigo, ¿cómo puede comunicarse con él?", se puede escuchar en el audio que ha generado polémica. El capitán involucrado en las comunicaciones, Junior Izquierdo, apodado "Culebra", ha sido el encargado de revelar estos mensajes, lo que ha provocado una respuesta contundente por parte de Santiváñez. El ministro ha negado de manera categórica la autenticidad de los chats y ha calificado las acusaciones como "falsas". Afirmó que no reconoce ni los mensajes ni a la persona que supuestamente los ha presentado. Como respuesta a estas acusaciones, Santiváñez ha tomado medidas legales al presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de demostrar su inocencia. “Contra lo que está presentando falsamente el capitán, ya interpuse una demanda de amparo”, declaró el ministro, quien se ha comprometido a aceptar lo que el Poder Judicial determine en relación a su caso. A medida que se desarrollan los acontecimientos, las críticas hacia Santiváñez han ido en aumento, especialmente por su presunta intervención en un caso de corrupción que involucra a altos mandos de la policía y a figuras políticas del pasado reciente. La situación ha puesto de relieve las tensiones dentro del gabinete y la respuesta a la corrupción en el país. Además de las acusaciones de corrupción, Santiváñez ha sido consultado sobre la posibilidad de otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, tema que ha preferido desmarcarse. Indicó que esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a las autoridades políticas del Ejecutivo. "Es una cuestión que eminentemente vincula al Congreso de la República", enfatizó. Las controversias en torno a la figura del ministro han reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en el gobierno. La presión pública sobre Santiváñez es palpable, y muchos ciudadanos exigen una respuesta clara y contundente a las acusaciones de corrupción que han empañado la imagen del Ministerio del Interior. En un contexto donde la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del actual gobierno, las revelaciones sobre Santiváñez podrían complicar aún más la confianza pública en las instituciones. La sociedad civil está atenta a la evolución de este caso, y muchos esperan que la justicia prevalezca para restaurar la integridad de las instituciones del país. Como se ha mencionado, el escenario está en desarrollo y el futuro del ministro Santiváñez dependerá de las decisiones judiciales y de la opinión pública en un país que anhela la transparencia y el respeto a la ley. La situación no solo afectará su carrera política, sino que también tendrá implicaciones sobre el nivel de confianza de la ciudadanía en el gobierno y en los organismos destinados a combatir la corrupción.