Gobierno peruano rechaza informe de la ONU sobre protestas y derechos humanos

El Gobierno peruano ha manifestado su firme rechazo a un informe emitido por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, que aborda las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ejecutivo expresó su desacuerdo con los contenidos del informe, asegurando que estos no reflejan los avances alcanzados en las reuniones y documentos presentados a la relatoría. Las declaraciones del Gobierno se producen en un contexto de creciente tensión alrededor de los derechos humanos en Perú, especialmente después de las intensas manifestaciones que sacudieron al país hace poco más de un año. La relatora especial de la ONU, Gina Romero, había señalado que Perú no había adoptado las recomendaciones del informe formuladas tras su visita en mayo, incluyendo un llamado a ofrecer disculpas públicas por los incidentes violentos que resultaron en múltiples muertes. La relatora ha subrayado la necesidad de que el país implemente reformas legales que alineen sus prácticas con los estándares internacionales, enfatizando el respeto por el derecho a la protesta pacífica. En sus mensajes, Romero hizo hincapié en la importancia de proteger a quienes ejercen su derecho legítimo a manifestarse, un punto que ha generado un fuerte debate entre las autoridades y la comunidad internacional. El Gobierno, por su parte, destacó que ha promovido el diálogo y ha implementado iniciativas para gestionar conflictos sociales. En particular, mencionó el establecimiento de un equipo de trabajo destinado a diseñar una Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, un paso que consideran vital para abordar las tensiones en el país. Sin embargo, críticos del Gobierno argumentan que estas medidas no son suficientes si no se acompasan con un verdadero compromiso por parte del Ejecutivo para reconocer y rectificar los abusos cometidos durante las protestas. En su discurso a la nación el pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte ofreció disculpas en nombre del Estado a las familias de los fallecidos en las manifestaciones, tanto civiles como miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, estas disculpas han sido recibidas con escepticismo por parte de muchos, quienes consideran que son meras palabras si no se traducen en acciones concretas y en un verdadero proceso de rendición de cuentas. El informe de la ONU, criticado por el Gobierno por su falta de contexto, señala que hay un alarmante uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde el número de muertos y heridos es desproporcionado. Esta situación plantea serias preguntas sobre la estrategia del Gobierno en relación con el manejo de crisis sociales y su disposición a dialogar con las comunidades afectadas. La relatoría también hizo hincapié en la necesidad de realizar consultas amplias con estas comunidades para abordar las causas de las protestas, así como la urgencia de realizar reformas que restablezcan la confianza en las instituciones. La falta de este diálogo genuino, según el informe, podría perpetuar el ciclo de violencia y desconfianza que ha caracterizado las relaciones entre el Estado y las comunidades más vulnerables. Además, se llamó a modificar reformas legales recientes que han sido percibidas como restrictivas respecto al derecho de reunión y asociación. Estas reformas han generado críticas por su potencial para criminalizar la protesta social y limitar las libertades civiles, lo que representa un desafío significativo para la democracia en el país. La comunidad internacional vigila de cerca los acontecimientos en Perú, y tanto activistas como organismos de derechos humanos exigirán una respuesta efectiva del Gobierno a las preocupaciones planteadas en el informe. La situación actual representa un punto crítico que podría definir el futuro de la gobernanza democrática en el país andino, así como su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. La respuesta del Ejecutivo a las recomendaciones de la ONU será fundamental para reconstruir la confianza entre el Estado y sus ciudadanos, especialmente aquellos que se han sentido marginados y desatendidos en las últimas décadas.