Congresistas peruanos en Venezuela: ¿observadores o cómplices del chavismo?

La reciente visita de un grupo de congresistas peruanos a Venezuela ha puesto en el centro de la controversia no solo la legitimidad de las elecciones celebradas en dicho país, sino también la ética y la responsabilidad de estos representantes en su papel como observadores. A pesar de que los congresistas, pertenecientes a los partidos Perú Libre y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, han intentado presentar un relato positivo sobre la situación política en Venezuela, los hechos revelan una historia muy diferente. La misión de estos congresistas, que buscaban "certificar" el triunfo de Nicolás Maduro, se ha visto socavada por el pronunciamiento del Centro Carter, que ha calificado los comicios de "no democráticos" y carentes de integridad electoral. Este informe resalta un punto crítico: la falta de condiciones adecuadas para un proceso electoral transparente y justo. En este contexto, la defensa apasionada de estos congresistas por un régimen que ha sido objeto de múltiples denuncias de fraude genera inquietud. La respuesta de Maduro ante las críticas ha sido característicamente desafiante. En lugar de abordar los cuestionamientos de manera constructiva, ha optado por descalificar a las instituciones que han puesto en jaque la legitimidad de su gobierno. Su ataque a la credibilidad del Centro Carter refleja una estrategia bien conocida: desviar la atención de las acusaciones mediante la confrontación. Así, la situación se torna aún más compleja, ya que su anuncio de llevar el caso a la Tribunal Supremo de Justicia, un ente que ha demostrado ser un mero apéndice de su régimen, no hacen más que fortalecer la percepción de un sistema judicial comprometido. Las implicaciones de este viaje no se limitan a Venezuela. El hecho de que los congresistas hayan sido financiados por el régimen chavista plantea serias preguntas sobre su independencia y sus motivaciones. Aunque el Congreso peruano se apresuró a aclarar que no se utilizó dinero público para el viaje, la falta de transparencia sobre quién corrió con los gastos es alarmante. En un clima donde la rendición de cuentas es crucial, la evasiva respuesta de los legisladores a las preguntas sobre el financiamiento solo agrava la desconfianza de la ciudadanía. Además, los vínculos de algunos de estos congresistas con figuras polémicas en Perú, como el prófugo Vladimir Cerrón, añaden más leña al fuego. La situación de Kelly Portalatino, quien no solo asistió al viaje sino que también faltó a una citación del Ministerio Público, pone de manifiesto el potencial de un conflicto de intereses que podría tener repercusiones más allá del ámbito electoral en Venezuela. Las reacciones en el ámbito político peruano no han tardado en llegar. Algunos especialistas han sugerido que este tema debería ser abordado por la Comisión de Ética del Congreso, dada la gravedad de la situación. Sin embargo, existen reservas sobre la efectividad de esta comisión, especialmente considerando el historial de impunidad en casos similares. Es posible que estos cuatro congresistas no enfrenten consecuencias significativas, lo que podría enviarnos un mensaje preocupante sobre la integridad del sistema político peruano. Este episodio destaca un fenómeno alarmante: el uso de la figura de "observador electoral" como un recurso para otorgar legitimidad a regímenes que se sostienen en el poder a través de fraude y represión. El chavismo ha perfeccionado esta táctica, convocando a personajes afines que, en lugar de actuar como verdaderos defensores de la democracia, se convierten en cómplices de una maquinaria que socava los principios de un proceso electoral justo. A medida que se desarrollan los acontecimientos en Venezuela, es imperativo que los ciudadanos peruanos mantengan un escrutinio constante sobre sus representantes. Este caso no solo pone de relieve la falta de ética de algunos congresistas, sino que también plantea preguntas sobre cómo el interés político puede prevalecer sobre los principios democráticos. Si estos legisladores no son cuestionados ni responsabilizados, se corre el riesgo de normalizar la complicidad con regímenes dictatoriales. En un momento en el que la democracia está bajo asedio en diversas partes del mundo, el papel de los legisladores debe ser el de ser un baluarte de la verdad y la justicia. Por el contrario, lo que se observa es una defensa de un tirano que no ha dudado en utilizar tácticas represivas para mantenerse en el poder. Este episodio podría ser un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los representantes electos de actuar en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en beneficio de regímenes dictatoriales que relegan los derechos humanos y la libertad a un segundo plano. Finalmente, el episodio de los cuatro congresistas peruanos que viajaron a Venezuela no es solo un escándalo político, sino un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la importancia de la ética en el ejercicio del poder. En un contexto donde las divisiones políticas son profundas, este tipo de situaciones exige una respuesta unificada en defensa de los principios democráticos que muchos luchan por restaurar en Venezuela y en toda la región.