Ministerio Público archiva investigación contra Boluarte por presunto genocidio

La decisión del Ministerio Público de archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio ha generado un amplio debate en el ámbito político y social del país. El anuncio fue realizado por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para compartir la resolución que desvincula a la mandataria de las graves acusaciones relacionadas con las muertes que ocurrieron durante las protestas de finales de 2022 y principios de 2023. El documento emitido por la fiscalía concluye que no existen méritos suficientes para formular una denuncia constitucional contra Boluarte o sus exministros. Esta noticia ha sido recibida con alivio por parte de los aliados políticos de la presidenta y, en especial, por su abogado, Joseph Campos, quien subrayó que la imputación de genocidio era infundada y había repercutido negativamente tanto en la imagen de la presidenta como en la del país a nivel internacional. Campos argumentó que la acusación de genocidio nunca tuvo fundamento y calificó de "locura" las implicaciones que dicha investigación conllevó durante más de un año y medio. La decisión de archivar el caso, aunque bienvenida, fue considerada tardía por algunos, quienes resaltan que el daño reputacional ya se había consumado. Este contexto pone de relevancia la necesidad de la política de gestión de crisis en la comunicación del gobierno. La investigación inicial contemplaba, además, otros delitos como homicidio, lesiones y lesa humanidad, lo que indicaba la seriedad de las acusaciones. Sin embargo, la resolución de la fiscalía ha limitado el enfoque a la cuestión del genocidio, dejando abierta la posibilidad de que se continúe investigando el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las movilizaciones sociales. Campos enfatizó que debe analizarse el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que podría abrir la puerta a debates sobre la estrategia de control de protestas en un país con un historial de tensiones sociales. El impacto de esta decisión no se limita solo al ámbito judicial, sino que también tiene implicaciones políticas significativas. La oposición, que en su momento exigió la renuncia de Boluarte y solicitó juicios políticos en su contra, deberá replantear su estrategia tras este desenlace. La situación política en el Perú es volátil, y el archivo de la investigación podría reconfigurar las alianzas y tensiones en el Congreso, donde la presidenta ya enfrentaba críticas y cuestionamientos sobre su gestión. Por otro lado, el reciente mensaje a la Nación de Dina Boluarte se convierte en un punto crucial para entender cómo la mandataria utilizará esta resolución a su favor. Las expectativas sobre la respuesta de los congresistas ante su discurso son altas, y muchos se preguntan si esta noticia influirá en la percepción de su liderazgo. La capacidad de la presidenta de traducir este respaldo judicial en apoyo político será fundamental para su permanencia en el poder. Desde el lado social, las reacciones a la decisión del Ministerio Público son diversas. Algunos sectores ven el archivo de la investigación como un triunfo para la estabilidad política, mientras que otros consideran que la falta de responsabilidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades podría sentar un mal precedente. La polarización en la opinión pública se acentúa, y es evidente que el sentimiento de justicia sigue presente en muchos ciudadanos que demandan respuestas claras sobre las muertes ocurridas durante las protestas. En el fondo, la decisión del Ministerio Público sobre Dina Boluarte es un capítulo más en la compleja historia política del Perú reciente. Esta situación invita a reflexionar sobre las responsabilidades del gobierno frente a la ciudadanía y sobre cómo se gestionan las crisis en un contexto democrático. La lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos sigue siendo un tema recurrente que deberá ser abordado con seriedad y compromiso. Este desenlace no solo afecta a Boluarte, sino que impacta la dinámica política y social del país. La mirada de la comunidad internacional se mantiene alerta, y se espera que el gobierno tome medidas proactivas para evitar futuros conflictos y fortalecer el estado de derecho. La transparencia y la rendición de cuentas serán claves para restaurar la confianza de la población en sus instituciones y en sus líderes.