Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Han transcurrido dos años desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, un periodo marcado por la polarización política y el fuego cruzado de la extrema derecha, que desde el inicio ha vaticinado un inminente desastre económico, social y político para el país. A pesar de las predicciones alarmistas que han buscado deslegitimar su gobierno, los resultados han mostrado un panorama más matizado que el pronosticado por sus detractores. En el ámbito económico, el temido colapso no ha llegado. La recesión que muchos anticipaban no se ha materializado, en gran medida debido a una combinación de factores. Por un lado, la economía global enfrenta un declive que impacta a todas las naciones, y por otro, el Banco de la República, fiel al modelo neoliberal, mantiene tasas de interés elevadas, a pesar de la reducción en la inflación, especialmente en alimentos básicos. Este contexto ha frenado la reactivación económica, pero a pesar de esto, el país ha logrado evitar caer en una recesión profunda. Socialmente, las medidas implementadas durante estos dos años han comenzado a dar frutos. La reducción de la inflación, junto con incrementos en los salarios, ha contribuido a disminuir tanto la pobreza monetaria como la multidimensional, contradiciendo las afirmaciones de la oposición. La aprobación de la nueva ley pensional, junto con iniciativas como el ingreso solidario, ha representado un avance hacia un mejor bienestar social, especialmente para sectores vulnerables, incluidas las mujeres. Sorprendentemente, este gobierno ha logrado priorizar la educación y la salud por encima del gasto en defensa, algo que no se había visto en medio siglo. Esto ha sido posible gracias a la reforma tributaria progresiva que permitió canalizar más recursos hacia la inversión social. Sin embargo, los ajustes en el gasto han sido necesarios debido a decisiones de la Corte Constitucional, que han afectado el pago de regalías. En el ámbito político, la situación es compleja. La polarización ha llevado a la extrema derecha a intentar socavar el gobierno mediante acusaciones de irregularidades financieras en la campaña electoral de Petro. Al mismo tiempo, los sectores populares, que apoyan el proceso de cambio anunciado por el presidente, han demostrado su fuerza en las calles, como lo evidencia la masiva participación en el Día Internacional de los Trabajadores, que contrastó con la débil respuesta de la oposición. No obstante, el gobierno no ha estado exento de críticas. La reciente corrupción en la Unidad Nacional de Riesgos ha sido un episodio lamentable que ha empañado la gestión. La traición a los principios del progresismo es inaceptable, y la exigencia de transparencia y responsabilidad es más necesaria que nunca. A pesar de esto, se debe reconocer que es la primera vez que un presidente admite fallas en su administración, un gesto de humildad que contrasta con el silencio de administraciones pasadas ante escándalos de mayor envergadura. También se ha observado un desempeño desigual en algunos sectores de la administración, donde la inexperiencia y la oposición heredada han dificultado la empatía con los programas del gobierno. Este aspecto es crucial, ya que la implementación efectiva del Plan Nacional de Desarrollo es esencial para abordar las necesidades de los colombianos. La conflictividad social y laboral persiste, y es evidente que no se resolverá de la noche a la mañana. Este gobierno tiene la tarea de fomentar un diálogo social efectivo que busque soluciones reales y duraderas para los problemas que aquejan al país. A pesar de los ataques constantes de la oposición, las realizaciones de la administración de Gustavo Petro son innegables. Estas iniciativas apuntan a saldar una larga deuda social, que tuvo su punto de ebullición en el estallido social de 2021. Las medidas implementadas hasta el momento son un paso hacia el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Finalmente, se anticipa una gran movilización nacional el próximo 7 de agosto, fecha que coincide con el segundo aniversario del gobierno del cambio. La convocatoria busca reafirmar el respaldo a las políticas implementadas y se espera que la ciudadanía se haga sentir en las calles de Bogotá, comenzando en el Parque Nacional y culminando en la Plaza de Bolívar. Esta movilización se presenta como una oportunidad para que los sectores sociales expresen sus expectativas y demandas en un momento crítico para la democracia colombiana.