Crisis del transporte y la informalidad revelan debilidad del sistema político peruano

En un contexto de creciente informalidad y descontento social, el reciente proceso de selección del nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso ha coincidido con una serie de tragedias en el transporte público, que han puesto de manifiesto la compleja interrelación entre la informalidad económica y la política en el Perú. En las últimas semanas, varios buses de transporte público han sufrido despistes en calles y carreteras, resultando en la muerte de ciudadanos y un clima de zozobra que refleja la vulnerabilidad de una sociedad en crisis. Este fenómeno no es un caso aislado, sino que se inscribe dentro de un problema estructural que afecta a nuestra república bicentenaria. Una investigación reciente de este Diario ha revelado que Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva, ha recibido 65 visitas de organizaciones vinculadas a la minería informal e ilegal desde enero de 2023. Este dato pone de relieve la influencia que estos actores informales ejercen sobre las decisiones legislativas, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de la democracia y los mecanismos de representación en el país. La muerte de cinco personas en la vía Los Libertadores a causa de accidentes de tránsito generados por vehículos que operan al margen de la ley es otro claro ejemplo de cómo la informalidad permea todos los aspectos de la vida pública. El debate público suele centrarse en el aspecto económico de la informalidad, donde se considera a los informales como evasores tributarios o trabajadores sin derechos. Sin embargo, la discusión debería abarcar la relación cambiante entre el individuo y la ley, y cómo esta interacción impacta en la regulación de la sociedad. En décadas pasadas, se exploró este tema desde distintas perspectivas, pero hoy parece relegado a un segundo plano, lo que refleja una crisis en el análisis social del Perú. Una de las pocas voces que ha abordado este fenómeno de manera integral es la del sociólogo Danilo Martucelli, quien acuña el término "sociedad desformal". Este concepto sugiere una vida social que no se ajusta a las regulaciones deseadas, destacando la fluidez en la relación del individuo con la norma. En este contexto, el cumplimiento de la ley se convierte en una cuestión de oportunidad, lo que lleva a un relativismo ético. Así, un mismo individuo puede actuar de manera corrupta cuando la coima es socialmente aceptable, pero también puede negarse a ser corrompido en otros momentos. Esta ética de la relatividad tiene profundas implicaciones para la práctica de la ciudadanía en el Perú. A medida que la informalidad se normaliza, la noción de "ser ciudadano" se vuelve ambigua. La realidad demuestra que tanto los grupos organizados de mineros informales como aquellos que buscan influir en la política a través del cabildeo son actores que operan en un espacio donde la legalidad, la informalidad y la ilegalidad se entrelazan. Esta situación desafía la concepción tradicional del ciudadano republicano y del autogobierno, convirtiéndose en un escenario donde la ética y la moral son cuestionables. No se busca justificar la corrupción ni la impunidad de poderes ilegales, sino resaltar la complejidad de la relación entre lo legal, lo informal y lo ilegal en la política peruana. Las conquistas logradas por los mineros informales, que se presentan ante las autoridades elegidas democráticamente, reflejan la fragilidad de un sistema que se basa en la confianza pública. Mientras tanto, las élites intelectuales siguen aferrándose a narrativas simplistas que estigmatizan a ciertos actores o idealizan movimientos de protesta, sin entender que la realidad es más intrincada. Las propuestas de reforma han surgido en múltiples frentes, desde el ámbito laboral hasta el tributario y político. Sin embargo, muchas de estas iniciativas caen en el fetichismo reformista, donde se cree que pequeños ajustes pueden conducir a grandes cambios. Este enfoque, por lo general, se queda corto, pues no aborda la naturaleza fluida y transitoria de la relación de los ciudadanos con la ley. Las reformas suelen ser sancionadoras o formalizadoras y no logran captar la complejidad de la informalidad arraigada en la sociedad. La llegada de esta ciudadanía relativa, fruto de una sociedad desformal, se manifiesta en diversos aspectos del régimen democrático. La apatía se normaliza, la desafección se perpetúa y el electorado se enfrenta a la dinámica del "mal menor", donde la falta de rendición de cuentas se convierte en una constante. En lugar de contar con partidos sólidos o caudillos que guíen al electorado, el escenario actual se caracteriza por una amalgama de individualidades que navegan entre la incertidumbre y el descontento. La falta de una lectura integral de la informalidad y su impacto en la política lleva a un ciclo vicioso que perpetúa la crisis. Las tensiones que emergen de esta relación compleja evidencian la necesidad urgente de un análisis más profundo que permita entender cómo los actores informales moldean el presente y el futuro del Perú. En un país donde la informalidad ha alcanzado niveles históricos, es fundamental encontrar un camino que permita reconciliar la práctica de la ciudadanía con las demandas de una sociedad que busca ser escuchada y representada de manera efectiva.