El caso cócteles: análisis de experto y desafíos en el juicio peruano

El caso cócteles continúa siendo objeto de atención y debate en el ámbito judicial peruano. Ernesto de la Jara, reconocido abogado, profesor universitario y exdirector del Instituto de Defensa Legal, ha emitido su análisis sobre el desarrollo del juicio, destacando la posición fortalecida de los fiscales gracias a las admisiones de los acusados en relación a los hechos bajo escrutinio. Según De la Jara, la estrategia de la defensa parece no estar dando los resultados esperados. A medida que avanza el juicio, se observa cómo los abogados, incluyendo a figuras prominentes como Giulliana Loza, han optado por reconocer ciertos aspectos de los hechos sin atribuirles la gravedad del delito de lavado de activos. Sin embargo, el experto advierte que al admitir pagos y transacciones, se establece una cercanía con la posible comisión de ese delito, en base a criterios judiciales previos. El tema central en este caso radica en la dificultad que enfrentará la Fiscalía para demostrar el lavado de activos. Aunque los fondos en cuestión no han sido directamente vinculados con actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal, la clave reside en probar la ilegalidad de dichos recursos y su posterior blanqueo. De la Jara considera que la estrategia innovadora de la Fiscalía, que prescinde de la necesidad de probar un delito previo para sustentar el lavado de activos, podría resultar efectiva en este contexto. No obstante, el analista también destaca algunas críticas al proceso judicial en curso. La presencia de un elevado número de coprocesados y la debilidad de la defensa de los acusados, especialmente en lo concerniente a los principales implicados, son aspectos que podrían incidir en el desenlace del caso. De la Jara hace hincapié en la necesidad de que los fiscales adopten decisiones estratégicas acertadas, dado que la solidez de su argumentación es fundamental para el éxito de la acusación. En medio de este escenario, surge la controversia en torno a la iniciativa de Keiko Fujimori de recurrir al Tribunal Constitucional para anular el juicio. De la Jara descarta esta posibilidad al considerar que el control constitucional debe reservarse para casos excepcionales de vulneración de derechos fundamentales o del debido proceso, y no como una estrategia para eludir la justicia en casos de corrupción. En relación a la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público como baluartes frente a posibles acciones autoritarias por parte del Congreso, el experto valora positivamente el papel desempeñado por estas instituciones en la defensa de la institucionalidad democrática. Destaca, además, la importancia de respetar el derecho a la libertad de expresión de los fiscales, dentro de los límites establecidos por instancias internacionales de derechos humanos. En conclusión, el caso cócteles continúa siendo un foco de interés y controversia en el ámbito jurídico peruano, con distintas aristas que van desde la estrategia de las partes involucradas hasta la protección de los principios democráticos y el debido proceso. El desenlace de este juicio, marcado por la complejidad de probar el lavado de activos y las decisiones estratégicas que adopten los fiscales, será determinante para el futuro de este emblemático caso de corrupción en el país.