Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 09.07.2024
XALAPA, VER. - El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que su gobierno aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al funcionamiento del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS). Durante una conferencia de prensa el lunes 8 de julio, explicó que ya han respondido a la organización no gubernamental, pero enfatizó que los municipios de Veracruz y Medellín son los responsables de poner en orden al grupo subsidiario vinculado a Odebrecht, como se indica en la recomendación.
El 31 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 119/2024, señalando que el Grupo MAS viola los derechos humanos a un ambiente sano, agua potable, participación y acceso a información pública en materia ambiental en detrimento de los habitantes de Veracruz y Medellín de Bravo.
La resolución, que fue notificada al Estado, también incluye a autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambos organismos del gobierno federal, así como al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Procurador Estatal del Medio Ambiente, y a los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río, aunque este último municipio no recibe suministro de agua del Grupo MAS.
El lunes 8 de julio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó sobre todas las acciones tomadas contra el Grupo MAS, al cual se le otorgó una concesión de 30 años para proveer agua potable a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
Anunció que su gobierno aumentará la vigilancia y obligará a la filial de Odebrecht a cumplir con la ley, todo dentro de la jurisdicción del Ejecutivo, ya que muchas de las acciones corresponden a los niveles federal y municipal.
"No empezamos hoy, la recomendación no se hizo en mayo, pero el problema surgió antes. Hemos mantenido al Grupo MAS bajo control dentro de nuestras atribuciones, y el anuncio que estamos haciendo es que les iremos tras ellos y apretaremos las medidas dentro de nuestro alcance", dijo en una conferencia de prensa.
El viernes 5 de julio, se informó que el diputado local Fernando Arteaga Aponte, quien fue miembro del partido Morena hasta mayo, había fallecido. Renunció y dejó la mayoría del caucus en esa fecha.
El legislador presentó numerosas resoluciones que llevaron a auditorías e inspecciones de las plantas de tratamiento de agua utilizadas por el Grupo MAS, que fueron parte de las acciones discutidas en la reunión con los medios, aunque el diputado no fue mencionado.
Durante la misma conferencia de prensa, el Secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, explicó que la empresa ha iniciado al menos 16 procedimientos para operar plantas de tratamiento de aguas residuales hasta la fecha.
Mencionó que la mayoría de las veces, la empresa presenta solicitudes, en particular para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero no completa los procesos administrativos, y la Sedema los considera cerrados.
Explicó que se solicitó un permiso especial de manejo de residuos para la planta Floresta 1 desde el 7 de agosto de 2023; se solicitó información adicional por parte del gobierno el 30 de noviembre de ese mismo año, la cual Grupo MAS proporcionó el 22 de marzo, pero no siguió adelante, y la solicitud se cerró el 10 de mayo.
El 12 de octubre de 2023, se solicitaron permisos para la construcción de un sitio temporal de almacenamiento de arena en el área norte de Veracruz, pero fueron denegados. También se han solicitado permisos para las siguientes plantas: 18 de marzo, Floresta 1, Río Medio, La Florida, Norte, Torrentes, Matacocuite 2, Medellín, Condado de Valle Dorado, Arboledas San Ramón, Valle Alto, Puente Moreno, Casa Blanca y Dos Bocas, entre otras.
En todos los casos, dijo, los proyectos son irregulares y carecen de la manifestación de impacto ambiental, por lo que se les han negado, "comienzan los procedimientos pero no los completan, por lo que cuando no cumplen, se consideran concluidos".
Por otro lado, el Procurador del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) no tienen la capacidad para tratar aguas residuales en la zona metropolitana.
Explicó que a empresas, hoteles, torres de apartamentos recientemente construidas se les emiten permisos validados por Conagua, lo cual es irregular. También mencionó que siguiendo la orden del Congreso, han encontrado que las plantas no están operando o están causando contaminación.
"Han sido multados severamente en diferentes momentos, pero lo más importante aquí es que toda esa agua crea un desequilibrio ecológico, hay impactos negativos en al menos cinco áreas naturales protegidas."
Mencionó que desde 2022 iniciaron el expediente 057, supervisaron la planta Matacocuite, y encontraron que se estaba realizando construcción y movimiento de tierras sin permisos para ampliar una planta.
"Llegamos a una conclusión, encontramos que la planta ha estado en operación durante 10 años y se está colapsando en términos de su operación y gestión.
"Tenemos otra planta, el 28 de septiembre de 2022, en este caso, fue la planta Geo Los Pinos, en esta planta encontramos que estaba en operación (...) el vertido de aguas residuales sin tratar fluye directamente a un cuerpo de agua llamado el Basurero, adyacente a un área natural protegida."
Explicó que al asumir la concesión del servicio, la empresa recibió al menos 26 plantas de tratamiento de aguas residuales, y muchas de ellas no están operando, "otra queja fue sobre la operación de lodos (...) que deben tener una disposición final adecuada, hay un tratamiento inadecuado en la zona, por lo que emitimos un cierre temporal total del área."
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