Panorama político: acusaciones de persecución y manipulación sacuden al país

Panorama político: acusaciones de persecución y manipulación sacuden al país

El sistema judicial peruano enfrenta críticas por presunta persecución política y manipulación en el caso de Keiko Fujimori, generando desconfianza en la imparcialidad de la justicia y en las instituciones democráticas. Urge restaurar la integridad y transparencia para fortalecer la democracia.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política 06.07.2024
El panorama político en nuestro país se ve sacudido una vez más por acusaciones de persecución política y manipulación de la justicia en el caso que involucra a Keiko Fujimori y más de 40 coacusados. Lo que parecía ser un proceso judicial para esclarecer presuntas irregularidades en las donaciones de campaña se ha transformado en una batalla legal que ha desencadenado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial. El fiscal a cargo, José Domingo Pérez, ha sido señalado por diversos sectores como un instrumento de persecución política, más que un agente de la justicia. Sus argumentos han sido cuestionados por no sustentarse en pruebas concretas, sino en suposiciones y conjeturas basadas en prejuicios políticos. La acusación de "voluntad criminal" por herencia, sin pruebas contundentes que la respalden, ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el país. La criminalización de las donaciones de campaña y la forzada aplicación del delito de lavado de activos han sido duramente criticadas por expertos legales, quienes han señalado que no se ajustan a la normativa vigente. La falta de claridad en la tipificación de los delitos imputados ha alimentado la percepción de que se trata de una estrategia para neutralizar a la oposición política, más que de una búsqueda genuina de justicia. La politización del sistema judicial y su utilización como herramienta para eliminar a adversarios políticos constituye un grave peligro para la democracia. La instrumentalización de la justicia con fines partidistas socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilita el Estado de derecho. Es imperativo que se respeten los principios de independencia judicial y objetividad en los procesos legales para garantizar la vigencia de un sistema democrático transparente y justo. Las consecuencias de esta justicia selectiva y sesgada han sido devastadoras para la clase política y la sociedad en su conjunto. La polarización exacerbada, la deslegitimación de las instituciones y la erosión de la confianza ciudadana en el sistema judicial son señales alarmantes de un deterioro democrático que requiere ser abordado con urgencia. La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un pretexto para perseguir a opositores políticos de manera arbitraria. El reciente episodio de la presunta celada montada al exabogado de la presidente, Mateo Castañeda, pone de manifiesto la gravedad de la situación. El uso indebido de recursos y personal policial para fines políticos revela la fragilidad del Estado de derecho y la urgente necesidad de reformas que fortalezcan la independencia y la imparcialidad de la justicia. La instrumentalización de las instituciones en beneficio de intereses particulares socava los cimientos de la democracia y socava la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Para poner fin a esta guerra judicial y política, es fundamental que se respeten los principios democráticos y se garantice un proceso legal justo y transparente. La imparcialidad, la objetividad y el respeto al debido proceso son pilares fundamentales de un sistema judicial que aspire a ser legítimo y confiable. Solo a través del respeto a los principios democráticos y la separación de poderes se podrá restaurar la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. Es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto velar por la integridad y la transparencia de nuestro sistema judicial, en aras de fortalecer la democracia y garantizar un futuro de justicia y equidad para todos los peruanos.
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