Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 04.07.2024
La discusión sobre la interacción entre política y economía ha vuelto a tomar relevancia en el panorama nacional, a raíz de los cambios legislativos y constitucionales que han tenido lugar en el Congreso en los últimos años. Estas modificaciones, que se intensificaron con la asunción de Dina Boluarte a la presidencia, han generado opiniones encontradas en la sociedad peruana.
Si bien algunos de estos cambios han sido recibidos con entusiasmo, como la creación del Senado y la reelección de autoridades, diputados y senadores, otros han despertado preocupación al erosionar las instituciones democráticas y concentrar poder en el Congreso, desequilibrando la separación de poderes consagrada en la Constitución de 1993.
Es posible identificar cuatro áreas de impacto de estas reformas. En primer lugar, se destaca el copamiento de instituciones clave como la defensoría, el Tribunal Constitucional y la posible influencia en la Junta Nacional de Justicia, lo que amenaza el balance de poderes. En segundo lugar, se observa un fortalecimiento desproporcionado de los partidos políticos, sin un adecuado énfasis en su democracia interna y representatividad.
Además, se ha evidenciado un retroceso en el marco legal para combatir la corrupción y un debilitamiento de aspectos económicos fundamentales de la Constitución, como la disciplina fiscal, los contratos ley y la protección de derechos laborales y de propiedad.
Estos cambios legislativos plantean interrogantes sobre su impacto en el desempeño económico del país. La relación entre política y economía no es directa y sus efectos pueden tardar en manifestarse, lo que genera incertidumbre en diversos sectores de la sociedad.
Se ha destacado cómo intentos de reformas que amenazan la estabilidad institucional y la protección de la propiedad privada, como los propuestos por el gobierno de Pedro Castillo, han generado respuestas negativas en la inversión privada y en la economía en general, evidenciando la fragilidad de la relación entre la política y la economía.
La actual incertidumbre política y la posibilidad de cambios constitucionales impulsados por actores externos al sistema tradicional han impactado en la inversión privada y el consumo, generando un clima de desconfianza que frena el desarrollo económico del país.
La desinstitucionalización del sistema democrático y la concentración de poder en el Congreso han generado preocupación sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y el respeto a los derechos fundamentales en el país, enfatizando la importancia del desarrollo institucional como catalizador del progreso económico.
La experiencia de regímenes autocráticos en América Latina ha mostrado que las reformas económicas impuestas sin participación ciudadana tienden a ser efímeras y revertidas por la población, lo que resalta la necesidad de una construcción democrática y consensuada de políticas económicas y sociales.
En este sentido, el impacto del populismo económico y la falta de reformas estructurales han limitado el crecimiento potencial del país, evidenciando la necesidad de un enfoque integral que combine estabilidad institucional, participación ciudadana y políticas económicas sostenibles para impulsar el desarrollo nacional y garantizar un futuro próspero para todos los peruanos.
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