En Argentina, la impunidad reina: un país donde los sobornos quedan impunes y la justicia se dilata.

En Argentina, el resultado natural de las cosas es la impunidad. No somos el único país con un desenlace tan triste, pero aquí hemos logrado llevar la danza a otro nivel. Al menos doce empresas multinacionales admitieron en Estados Unidos que pagaron sobornos en nuestro país. ¿Cuántas de ellas tienen condenas en nuestros tribunales? Cero. ¿Un ejemplo? Siemens reconoció en Múnich y Washington las fechorías que cometió en Buenos Aires, pero aquí sigue impune. ¿Un ejemplo más reciente? Odebrecht confesó en Brasil que pagó sobornos a funcionarios argentinos, pero ellos siguen indemnes. ¿El ejemplo más reciente? Ángelo Calcaterra. Y no, una eventual ampliación de la Corte Suprema no revertirá el problema. Podría agravarlo. Primo del expresidente Mauricio Macri, Calcaterra era el dueño de una empresa constructora. Como tal, tuvo que lidiar con los vicios de los funcionarios argentinos en las últimas décadas. Quienes no le pedían contribuir a una campaña electoral le pedían sobornos. Y esto está documentado en documentos oficiales o admitido por Calcaterra mismo, quien todavía se benefició de una decisión judicial que recibe todo tipo de críticas, pero reafirma el postulado inicial: la impunidad reina en Argentina. Para explicarlo, debemos retroceder a 2018. Agosto, para ser exactos, cuando el periodista Diego Cabot reveló la existencia de cuadernos atribuidos a un chofer del entonces número dos en el Ministerio de Planificación Federal, que detallaban visitas a empresarios y constructores para recolectar bolsas llenas de dinero. Y no, no era para donaciones a la Madre Teresa. El escándalo fue inmediato y creció a medida que múltiples acusados se acogieron al régimen de "arrepentido" y detallaron sobornos y cartelización con toques que a veces rozaban lo pornográfico. Pero no todos confesaron. Algunos siempre negaron, y aún lo hacen hoy, lo que aparecía sobre ellos en esos cuadernos. Pero la mayoría optó por admitir sus crímenes para obtener una sentencia menor. El problema, por supuesto, es que estamos en Argentina. Recordemos, entonces, el postulado inicial. En este país, como en muchos otros, el resultado natural de las cosas es la impunidad. Esto explica por qué el Presidente Javier Milei ha postulado para la Corte Suprema al juez federal con los peores índices de efectividad cuando se trata de investigar el poder político o económico. Y ahora, viendo que el Senado podría no aprobar el nombramiento de Lijo, el Gobierno está considerando ampliar el número de jueces de la Corte Suprema para entrar en una negociación con los partidos de oposición: votos a favor de Lijo a cambio de un puesto en la corte. Más "casta", difícil. Porque el resultado natural de las cosas en Argentina es la impunidad, pronto se cumplirán seis años desde que estalló el escándalo, con docenas de personas involucradas confesando sus pecados, pero el caso Cuadernos no tiene ninguna condena. Peor aún, aún no sabemos cuándo podría comenzar el juicio, mientras el fiscal del caso acusa a los miembros del tribunal a cargo de "retrasar la justicia". La palabra "retraso" apenas oculta uno de los factores determinantes que todo abogado sabe que es crucial en las batallas judiciales. ¿Cuál? El factor tiempo. Porque cuando un abogado defensor sabe que su cliente es culpable, que está hasta el cuello y lo tiene todo que perder si se emite una sentencia, lo que debe evitar a toda costa es una sentencia. ¿Cómo? Apelando a todas las herramientas procesales disponibles hasta que el expediente se cierre debido a la violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable o por prescripción, como puede suceder en estos días con el caso Oil, otro vergonzoso escándalo. Al menos por ahora, sin embargo, Calcaterra se benefició de otra variante. Aunque ya estaba entre los protagonistas del caso Cuadernos que eventualmente tendría que enfrentar en un juicio, logró persuadir a otro tribunal, la Cámara Federal de Casación Penal, de que no debía ser juzgado por pagar sobornos, sino por la contribución no registrada a la campaña electoral del kirchnerismo, un delito con una penalidad prescripta mucho menor. Al tomar esa decisión, la Casación no le importó que Calcaterra mismo admitiera el pago de sobornos, como consta en una declaración que firmó ante el juez instructor del caso Cuadernos, Claudio Bonadío, el 5 de septiembre de 2019. Tampoco importó que Calcaterra figurara en 2007 como uno de los mayores contribuyentes, en blanco, a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, planteando una pregunta lógica: ¿Por qué Calcaterra contribuiría por fuera a una campaña kirchnerista cuando no tuvo reparos en ser listado como uno de los mayores contribuyentes en blanco a la campaña del mayor antagonista de su primo? Por supuesto, ahora hay muchas críticas al fallo de la Casación. Incluso el tribunal que es criticado por retrasar el inicio del juicio lamentó las "interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia", mientras que un fiscal solicitó la nulidad de la decisión de la Casación y la unidad oficial de lavado de dinero, que es querellante en el proceso, apeló y anunció que está dispuesta a llegar hasta la Corte Suprema, si es necesario. Más allá de eso, Calcaterra tiene al menos dos caminos por delante, ambos le traen beneficios. Por un lado, la acusación en su contra podría seguir siendo solo una cuestión de contribuciones electorales no registradas. O podría revertirse a la confesión más grave de pagar un soborno. Pero en ese caso, el primo de Macri habrá ganado tiempo y retrasado la sentencia, en un país donde el resultado natural de las cosas es...