Comienza histórico juicio contra Keiko Fujimori y 45 acusados por corrupción

Después de la instalación del tribunal, comienza formalmente este martes (02) el juicio contra la líder política Keiko Fujimori y otros 45 acusados de lavado de dinero, financiación ilegal de campañas y otros delitos de corrupción en la investigación de la Lava Jato peruana, que a diferencia de la matriz brasileña, sigue activa en Perú. Una condena a Keiko Fujimori tendría un impacto directo en el escenario político peruano, donde cinco ex presidentes están involucrados en el esquema ilegal de la empresa brasileña Odebrecht. El lunes, después de rechazar las solicitudes de anulación del proceso por parte de los abogados de la defensa, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Perú instaló el juicio, que constará de seis sesiones en julio, pero no tiene un plazo para finalizar. El fiscal José Domingo Pérez asistió a la sesión de instalación del tribunal con chaleco antibalas. Afuera del tribunal, militantes del llamado 'fujimorismo' gritaban consignas: "Keiko es inocente, aquí está su gente". "En este proceso, demostraremos que no hay ninguna evidencia ni prueba que confirme el lavado de dinero. Vendremos mañana (por hoy, martes) con el mismo ánimo porque esta es una gran oportunidad (para probar la inocencia)", aseguró Keiko Fujimori al salir del tribunal. Con casi dos mil testigos y alrededor de cinco mil testimonios y documentos, se prevé un juicio que durará años, pudiendo extenderse hasta 2026, año de elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori y otras 45 personas están acusadas de lavado de dinero, declaración falsa en proceso administrativo, falsedad genérica, obstrucción de la justicia y formación de banda criminal. Los 45 acusados son miembros y militantes del partido fujimorista Fuerza Popular. Incluso la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, también está entre las acusadas. Keiko Fujimori, de 49 años y tres veces candidata a la presidencia, también está acusada de recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, así como de otras empresas peruanas. Solo de Odebrecht, el partido Fuerza Popular habría recibido 17 millones de dólares. Este dinero ilegal habría sido destinado a las campañas electorales de 2011 y 2016, pero también en beneficio de la familia Fujimori. Si es condenada, Keiko Fujimori podría enfrentar una pena de 30 años y 10 meses de prisión. Por esta investigación, Keiko Fujimori ya ha sido detenida dos veces entre 2018 y 2020, sumando un total de 17 meses de prisión preventiva. El proceso que llevó a Keiko Fujimori al banquillo de los acusados comenzó hace 10 años. Se conoce como el "Caso Cócteles" porque era una forma de recaudar fondos de campaña a través de cócteles. Keiko Fujimori argumenta que el dinero provenía de empresarios de prestigio y que las contribuciones de campaña eran legales. La investigación reveló que representantes de Odebrecht confesaron haber contribuido ilegalmente con 1,2 millones de dólares solo en la campaña electoral de 2011. Sin embargo, Keiko Fujimori tiene una interpretación particular de los testimonios. Alega, por ejemplo, que el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, negaron que ella hubiera recibido dinero. Ambos negaron conocerla personalmente y dijeron que ella no se acercó a ellos. No negaron la financiación ilegal de la campaña. Otra estrategia es la de la "victimización". Keiko Fujimori afirma que el caso siempre tuvo una "intencionalidad política" para dañar su imagen, para pedir la suspensión del partido Fuerza Popular y así eliminar de las contiendas electorales la corriente política del "fujimorismo". Si Keiko Fujimori es condenada, tendrá un gran impacto en la carrera electoral y en la composición del Parlamento peruano. Con 24 legisladores, Fuerza Popular, un partido de extrema derecha, es la segunda bancada en el Congreso. En las elecciones de 2021, Keiko Fujimori perdió la carrera presidencial ante el ya destituido Pedro Castillo por apenas el 0,25% de los votos, exactamente 44.058 votos. El juicio supondrá un desgaste para Keiko Fujimori, ya que se espera que se prolongue más allá de 2026, año electoral en Perú. No es casualidad que, cinco días antes del inicio del juicio de Keiko, Alberto Fujimori, su padre, dijera que le gustaría ser candidato en las elecciones de 2026, sin revelar a qué cargo. "Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", anunció Alberto Fujimori, quien cumplirá 86 años en agosto. Fujimori disolvió el Congreso y gobernó Perú como dictador durante diez años entre 1990 y 2000. Fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos. Son cinco sentencias que abarcan desde corrupción hasta homicidios, con crímenes de lesa humanidad. Recibió un indulto humanitario en 2017 por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien necesitaba el apoyo de la bancada de los Fujimori para evitar su destitución. Actualmente, se está recuperando de una fractura en la cadera y está recibiendo tratamiento por un cáncer de lengua. Dos leyes prohíben que los condenados por corrupción puedan ser candidatos a la presidencia o a cualquier cargo sujeto a elección popular. El pasado mes de mayo, después de que la justicia brasileña anulara la condena por corrupción del dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, surgió el temor de que los casos investigados en Perú también pudieran ser anulados, pero la Lava Jato peruana sigue vigente porque no se basa únicamente en pruebas generadas por la constructora brasileña. Mientras que en Brasil, el equipo de la Lava Jato ha sido desmantelado, en Perú, la llamada Equipo Especial Lava Jato continúa activa. Las investigaciones que involucran a Odebrecht en Perú alcanzan a una amplia lista de autoridades y líderes políticos. Solo en cuanto a ex presidentes, la lista incluye cinco nombres. El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) está en prisión preventiva. Los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) están cerca de ser juzgados. El ex presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo. A pesar de estar muerto, sigue siendo investigado. El ex presidente Martín Vizcarra (2018-2020) también está siendo procesado. El mes pasado, la justicia peruana emitió las dos primeras condenas a intermediarios en los procesos por corrupción relacionados con Odebrecht.