La delicada tarea de la fiscal frente a los posibles seguimientos a magistrado de la Corte Constitucional

La fiscal Adriana Camargo se encuentra frente a una delicada tarea encomendada por el magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, que busca identificar a los responsables de posibles seguimientos no solo a él y su equipo, sino también a miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este caso, que se remonta a noviembre de 2019, cuando Ibáñez denunció haber sido objeto de escuchas telefónicas y de una operación de inteligencia previas a su declaración sobre la nulidad del contrato de la Ruta del Sol 2, vinculado a la constructora Odebrecht y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha vuelto a salir a la luz casi cinco años después. Nacido en 1960 en Tunja, Jorge Enrique Ibáñez ha sido descrito como un personaje con un carácter firme, que ha transitado entre corrientes políticas variadas a lo largo de su vida. Desde su juventud, ha estado involucrado en la política, pasando por las juventudes conservadoras de Tunja antes de dedicarse por completo a sus estudios de Derecho en la Universidad Javeriana. Tras graduarse en 1982, se unió al Banco de la República, donde se especializó en temas económicos y, más tarde, se convirtió en un defensor de la independencia de la institución durante la Constituyente de 1991. A lo largo de su carrera, Ibáñez ha acumulado una impresionante trayectoria académica, con estudios de posgrado en diversas áreas del Derecho, incluyendo un Doctorado en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, España, y un Doctorado Honoris Causa en Educación de la Unad. Su experiencia y conocimientos lo han convertido en un experto en Derecho Constitucional, un ámbito en el que ha dejado profundas huellas a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de su dedicación a la defensa de las instituciones y la Constitución, Ibáñez se ha visto nuevamente envuelto en un caso de posibles escuchas telefónicas ilegales, esta vez durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa reciente, el magistrado reiteró su compromiso con la transparencia y la independencia judicial, y solicitó respeto para la investigación en curso, en la que ha puesto en conocimiento de las autoridades los hechos irregulares relacionados con su teléfono celular. Como magistrado de la Corte Constitucional y vicepresidente de la misma, Ibáñez continuará desempeñando su labor con la misma serenidad y diligencia que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Su periodo en el cargo concluirá en septiembre de 2028, y a pesar de las dificultades y presiones a las que se ha enfrentado, se mantiene firme en su compromiso con la justicia y el respeto a la ley. La Fiscalía General de la Nación deberá ahora investigar a fondo este caso para identificar a los responsables de estos posibles actos de espionaje contra un funcionario judicial de alto rango.