Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 26.06.2024
La Controladoría General de la Unión (CGU) se encuentra en medio de una encrucijada al tener que decidir sobre la propuesta de las constructoras que buscan reducir sus pagos a la Unión en el marco de la Operación Lava Jato. Tras intensas negociaciones, el gobierno propuso que las empresas pudieran utilizar la pérdida fiscal para descontar hasta el 35% del saldo deudor, pero las constructoras hicieron una contraoferta del 50%, solicitando que este descuento se aplique al total del acuerdo realizado por desvíos de recursos y corrupción, principalmente en contratos con empresas estatales como Petrobras.
En este complejo escenario, la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la decisión del ministro Dias Toffoli de anular todos los actos realizados por la Lava Jato de Paraná contra Marcelo Odebrecht, añadiendo un componente adicional de tensión y controversia al proceso en curso. Según asesores presidenciales, se espera que la CGU acepte el uso del crédito por pérdida fiscal para reducir en un 50% el saldo deudor de los acuerdos de lenidad.
Por otro lado, se ha informado que el descuento sobre el valor total de los contratos de lenidad será rechazado, además de la posibilidad de descontar lo cobrado duplicadamente a las empresas, lo que podría complicar aún más la situación. Con un saldo deudor actual de 8 mil millones de reales por parte de siete empresas, entre las que se encuentran nombres como Braskem, Novonor, Andrade Gutierrez, y Camargo Corrêa, el impacto económico de las decisiones que se tomen en los próximos días será significativo.
La negociación entre la Unión y las empresas ha sido supervisada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, quien ha establecido un plazo que está a punto de expirar. Las empresas, argumentando dificultades financieras y problemas de liquidez, han solicitado una renegociación, petición que fue aceptada por el STF. Es importante destacar que durante las negociaciones, las empresas han admitido los actos de corrupción cometidos en contratos con empresas estatales, marcando un punto de quiebre en su comportamiento institucional.
Sin embargo, este cambio de postura por parte de las empresas contrasta con la estrategia adoptada por sus ex ejecutivos, quienes han presentado una acción ante el STF solicitando la anulación de sus condenas, argumentando que fueron presionados y coaccionados para firmar los acuerdos de delación. El ministro Dias Toffoli ha concedido medidas cautelares anulando estas delaciones y revocando las condenas, generando un nuevo frente de debate y controversia en el complejo entramado de la Operación Lava Jato.
En este contexto, la decisión que tome la CGU en los próximos días tendrá repercusiones importantes no solo en el ámbito económico y financiero, sino también en el ámbito judicial y de transparencia institucional. La lucha contra la corrupción en Brasil ha sido un tema central en los últimos años, y la forma en que se gestionen estos acuerdos y renegociaciones sentará un precedente crucial para futuros casos y para la percepción de la sociedad en torno a la rendición de cuentas y la responsabilidad corporativa. La transparencia, la justicia y la integridad deberán ser los pilares sobre los cuales se construyan las decisiones que se tomen en este delicado proceso.
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