
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Política 17.06.2024
La situación política en nuestro país se torna cada vez más preocupante a medida que observamos cómo las decisiones tomadas por nuestros representantes en el Congreso y en el gobierno de Dina Boluarte van en contra de los intereses de la ciudadanía y de los empresarios. La carta blanca para la destrucción de la institucionalidad, conseguida a través de reformas políticas, ha dado lugar a una clase política que parece distanciada de las necesidades reales de la población, enfocada en enriquecerse y proteger a sus propios líderes y militantes en lugar de trabajar por el desarrollo del país.
Resulta alarmante ver cómo se desmantelan progresivamente las reformas que tanto esfuerzo y sacrificio nos costaron como sociedad. La falta de transparencia y la opacidad en la toma de decisiones en el Congreso generan un clima de desconfianza y descontento entre los ciudadanos, que ven cómo sus intereses son relegados en favor de oscuros intereses particulares.
En este contexto, es inaceptable que se aprueben medidas como el séptimo retiro de las AFP o la reducción del IGV para las peluquerías, decisiones que carecen de fundamentos técnicos sólidos y que ponen en riesgo la estabilidad económica del país. Además, la propuesta de permitir la postulación a cargos públicos de personas condenadas por delitos graves como corrupción, violación sexual o homicidio es un insulto a la ética y a la moral pública.
La falta de responsabilidad de los líderes políticos y la ausencia de un verdadero compromiso con el bienestar de la ciudadanía son evidentes en decisiones como la incorporación automática de maestros separados del magisterio o la debilitación de las leyes contra el crimen organizado, que ponen en peligro la seguridad de la población y la calidad de la educación en nuestro país.
El gobierno de Dina Boluarte tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, permitiendo el retorno de prácticas obsoletas y perjudiciales para la sociedad, como el taxi colectivo o los vehículos de transporte de hasta 35 años de antigüedad. Esta falta de visión y compromiso con el desarrollo sostenible demuestra una desconexión preocupante entre las autoridades y las demandas reales de la población.
Es fundamental que la sociedad civil, los gremios empresariales y todas las organizaciones comprometidas con el bienestar del país se unan para exigir un cambio en la forma en que se ejerce el poder en nuestro país. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser los pilares sobre los cuales se construya una nueva clase política que realmente represente los intereses de todos los peruanos y trabaje por un futuro más próspero y equitativo para todos.
No podemos seguir permitiendo que los políticos destruyan el futuro de nuestro país. Es hora de alzar la voz y exigir un cambio real en la forma en que se gobierna. La sociedad peruana merece una clase política comprometida con el bien común, dispuesta a trabajar por el desarrollo y el progreso de todos los ciudadanos, sin distinción ni privilegios indebidos. Juntos, podemos construir un país más justo, transparente y próspero para las futuras generaciones.
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