El dilema del subsidio a la gasolina en México: equilibrio entre precios y economía

El dilema del subsidio a la gasolina en México: equilibrio entre precios y economía

El gobierno federal reintroduce subsidio a gasolina regular en México, marcando cambio en política de precios de combustibles y generando debate sobre sostenibilidad. Equilibrio entre protección del consumidor y finanzas públicas es clave.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro

El gobierno federal ha decidido reintroducir el subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para la gasolina regular en México, mientras que la premium y el diésel continuarán sin este beneficio en la semana del 15 al 21 de junio. Esta medida, anunciada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), implica que por cada litro de gasolina regular se aplicará un subsidio del 1.58%, lo que se traduce en un descuento de 0.0973 centavos, pagando así los consumidores 6.0779 pesos por litro en lugar de los 6.17 pesos habituales. Después de un mes sin subsidios para el combustible regular, esta decisión marca un cambio en la política de precios de los combustibles en México. Mientras tanto, la gasolina premium y el diésel mantendrán el IEPS completo, fijando los precios en 5.2146 y 6.7865 pesos por litro respectivamente, según lo establecido en el DOF. Esta medida ha sido constante en lo que va del año, donde la gasolina premium no ha recibido subsidios al IEPS en ningún momento, y el diésel perdió este apoyo a finales de abril. El objetivo principal de estos subsidios por parte del gobierno federal es evitar que los aumentos en los precios de los combustibles se trasladen directamente a los consumidores, protegiendo así sus bolsillos y evitando presiones inflacionarias en la economía mexicana. La necesidad de mantener un equilibrio entre el costo de vida de los ciudadanos y los ingresos del gobierno a través de impuestos es un desafío constante en la política energética del país. El precio promedio nacional de la gasolina regular, la premium y el diésel se mantenía en 23.584, 25.2 y 25.157 pesos por litro respectivamente, según información proporcionada por la agencia Petro Intelligence. Estos precios, junto con las fluctuaciones en los subsidios al IEPS, impactan directamente en la economía de los mexicanos, influyendo en los costos de transporte, producción y el costo de vida en general. La decisión de otorgar nuevamente el subsidio a la gasolina regular es recibida de manera mixta por la población, ya que, si bien representa un alivio en los precios para los consumidores, también genera incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de la política energética del país. La transparencia en la fijación de precios y la comunicación efectiva por parte de las autoridades son fundamentales para generar confianza en el mercado y asegurar un equilibrio sostenible en el sector de los combustibles. En el contexto de una economía global volátil y la necesidad de transitar hacia fuentes de energía más sostenibles, las decisiones en torno a los subsidios a los combustibles fósiles adquieren una relevancia significativa. El debate sobre el impacto ambiental, económico y social de estas políticas es cada vez más relevante y requiere un enfoque integral y a largo plazo que considere no solo los costos inmediatos, sino también las implicaciones futuras para el país y el planeta en su conjunto. En conclusión, el retorno del subsidio al IEPS para la gasolina regular en México marca un cambio en la política de precios de los combustibles, con implicaciones directas en la economía y el bolsillo de los consumidores. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas es un desafío constante para las autoridades, que deben tomar decisiones informadas y transparentes para garantizar la estabilidad y confianza en el mercado energético del país.

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