Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 11.06.2024
El Congreso se encuentra en pleno sesionando durante cuatro días consecutivos con el objetivo de aprobar diversos dictámenes antes de que concluya la actual legislatura el 15 de junio. Sin embargo, a pesar de la urgencia de abordar temas fundamentales, como la propuesta que busca impedir la postulación de condenados por asesinato y otros delitos a cargos de elección popular, no hay una clara voluntad política mayoritaria para debatir este importante tema.
El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular afirmó que su bancada solicitará en Junta de Portavoces que el caso ingrese a la agenda de temas prioritarios, a pesar de las limitaciones en cuanto a la producción legislativa. Cabe destacar que, según Muñante, la decisión final de someter el dictamen a votación recaerá en la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, quien hasta el momento no ha adelantado si solicitará la votación de la reforma constitucional.
Martha Moyano, al ser consultada, no ha respondido a los intentos de comunicación realizados por El Comercio. Fuentes cercanas señalan que no existe una clara "voluntad" política para resolver este tema durante la presente legislatura. En el mes de mayo, Moyano mencionó que seguía buscando consenso entre las distintas bancadas para alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar la propuesta, pero hasta la fecha no se ha logrado dicho acuerdo debido a las discrepancias en la lista de delitos que se incluirían en el texto final del dictamen.
Si esta reforma constitucional llegara a aprobarse, se impediría, por ejemplo, la eventual postulación de Antauro Humala, quien cumplió condena por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos relacionados con la toma de la comisaría de Andahuaylas en el año 2005. El analista político Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides Perú, señaló que las prioridades del Congreso no están basadas en la relevancia o incidencia en la política nacional, sino en intereses particulares que se alinean rápidamente.
A pesar de que recientemente se llegó a consenso en menos de 24 horas sobre un dictamen que modifica la definición de crimen organizado y otro que elimina a los movimientos regionales, la propuesta que busca establecer restricciones para postular a condenados permanece en cuarto intermedio desde diciembre pasado. Además, no hay voluntad para debatir los informes de la Comisión de Ética que recomiendan suspender a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu, Jorge Luis Flores Ancachi y Katy Ugarte.
Los informes de la Comisión de Ética recomiendan suspensiones de 120 días para Lizarzaburu por expresiones misóginas, de Flores Ancachi por recortar la remuneración de sus trabajadores y de Ugarte por recortes de sueldo a su personal. A pesar de las recomendaciones, estos casos no han sido incluidos en la agenda parlamentaria de las sesiones actuales, lo que podría llevar a que los legisladores permanezcan blindados por el Congreso hasta la próxima legislatura.
En opinión de Radzinsky, la falta de pronunciamiento del pleno sobre estos casos refleja la complicidad y encubrimiento mutuo entre los congresistas, lo cual contribuye a la sensación de impunidad y desprecio por el cumplimiento de las normas. La falta de rigor en la sanción de comportamientos inapropiados por parte de los legisladores resalta la necesidad de un cambio en la cultura política del Congreso para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
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