Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 10.06.2024
El subprocurador general de la República, Ronaldo Albo, se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido objeto de un proceso disciplinario debido a su controvertida decisión de reducir drásticamente la multa que la empresa matriz de los hermanos Batista, J&F, acordó pagar en un acuerdo de leniencia. Este caso ha generado gran revuelo en un momento en el que la justicia brasileña se encuentra bajo escrutinio por las decisiones recientes del ministro Dias Toffoli, del Tribunal Supremo Federal (STF), a favor de diversos investigados en casos de corrupción, incluyendo la anulación de procesos contra figuras prominentes como Marcelo Odebrecht.
La Inspectoría del Ministerio Público Federal ha avanzado en el proceso disciplinario contra Ronaldo Albo, que se inició hace diez meses para investigar posibles irregularidades en la reducción de la multa de J&F. Durante esta etapa, se ha escuchado a funcionarios de la 5ª Cámara del MP, encargada de casos de combate a la corrupción, donde se tomó la decisión de disminuir los valores de la multa de 10.3 mil millones de reales a 3.53 mil millones, por determinación de Albo.
El caso de J&F ha adquirido relevancia en el contexto de la operación Lava Jato, especialmente después de que Toffoli concediera a la empresa acceso a mensajes hackeados que revelaban conversaciones entre el exfiscal Deltan Dallagnol, otros investigadores y el exjuez Sergio Moro. Estos mensajes llevaron a la anulación de procesos contra el expresidente Lula y la suspensión del pago de la multa impuesta a J&F en el acuerdo de leniencia.
Durante el proceso disciplinario, se han escuchado testimonios de subprocuradores y fiscales que se opusieron a la reducción de la multa, como Alexandre Camanho, Eitel Santiago y Carlos Henrique Martins. Este último, fiscal de la República en el Distrito Federal, había sido designado por el Consejo Institucional del MP para posibles renegociaciones de los valores a pagar en el acuerdo de leniencia, mostrando posturas divergentes dentro de la institución.
El argumento de personas cercanas a Ronaldo Albo es que la reducción de la multa se basó en el cálculo inicial de 10.3 mil millones de reales, que incluía ganancias de otras empresas del grupo J&F no relacionadas con los sobornos. En un acuerdo de delación premiada, el director de JBS, Ricardo Saud, mencionó a más de 1,000 políticos como receptores de dinero ilegal, lo que habría influido en la decisión de Albo. Además, se destaca que el entonces fiscal general de la República, Augusto Aras, respaldó la reducción de la multa.
Este caso pone de manifiesto las tensiones y discrepancias en el Ministerio Público Federal, así como la complejidad de los acuerdos de leniencia en medio de investigaciones por corrupción. La actuación de Ronaldo Albo ha sido cuestionada y el proceso disciplinario continúa su curso, dejando en el aire interrogantes sobre la transparencia y la integridad en la administración de justicia en Brasil. La sociedad espera respuestas claras y contundentes ante este tipo de situaciones que ponen en entredicho la lucha contra la corrupción y la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas en el país.
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