Expresidente Martín Vizcarra en el ojo del huracán por compra de pruebas rápidas

Expresidente Martín Vizcarra en el ojo del huracán por compra de pruebas rápidas

El Congreso denuncia a Martín Vizcarra por presunta colusión en compra de pruebas rápidas contra el COVID-19. Fiscalía no halla irregularidades. Incertidumbre sobre responsabilidades en medio de la pandemia. Transparencia y justicia son clave en este proceso.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro
Política 09.06.2024
El expresidente Martín Vizcarra se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que el Congreso de la República aprobara un informe que lo denuncia por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas durante su gestión en el 2020, en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Este informe, elaborado por la Comisión de Fiscalización, concluye que existió una presunta colusión por parte de Vizcarra y otros exfuncionarios para favorecer a ciertas empresas en la adquisición de estos insumos médicos. La adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas por parte del gobierno de Vizcarra se convirtió en el centro de la polémica, ya que se hizo a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que sugerían el uso de pruebas moleculares o PCR para la detección del virus. La comisión parlamentaria investigadora señaló que este cambio en la estrategia de detección coincidió con una reunión entre funcionarios y representantes de empresas interesadas en vender pruebas serológicas y moleculares al Estado. Según el informe del Congreso, Martín Vizcarra habría concertado con sus exministras de Salud y Economía para favorecer a estas empresas, apartándose de las recomendaciones técnicas y legales vigentes en ese momento. Esta presunta colusión habría dado un beneficio estratégico a ciertas compañías en desmedro de un proceso transparente y basado en criterios técnicos objetivos. Además, se cuestiona la participación de Vizcarra y sus exministras en reuniones que excedían sus competencias y que podrían haber vulnerado la normativa vigente. El informe también recomienda formular acusación constitucional contra Martín Vizcarra y otras exautoridades, lo que implicaría levantar su inmunidad parlamentaria para que puedan ser procesados judicialmente por el delito de colusión. Esta decisión del Congreso se da en medio de un contexto de tensión política y judicial en el país, donde la corrupción y el manejo de la pandemia son temas sensibles para la ciudadanía. Sin embargo, vale la pena señalar que la Fiscalía de la Nación, en una investigación paralela, concluyó que no existen elementos que evidencien un direccionamiento o irregularidades en la adquisición de las pruebas rápidas durante la gestión de Vizcarra. Según el fiscal a cargo, el proceso de contratación se realizó siguiendo las reglas y condiciones establecidas para las contrataciones directas, y no se encontraron evidencias de conductas delictivas por parte de los exfuncionarios investigados. Esta divergencia entre el informe del Congreso y la Fiscalía genera incertidumbre sobre la actuación de Martín Vizcarra y sus colaboradores durante la emergencia sanitaria. Mientras el Legislativo apunta a una presunta colusión en la compra de pruebas rápidas, la Fiscalía no encuentra elementos que respalden esta acusación. Esta situación pone de manifiesto la complejidad y las diferencias de criterio en la interpretación de los hechos y las responsabilidades en un contexto de crisis como la pandemia del COVID-19. En medio de este escenario, la ciudadanía espera transparencia, rendición de cuentas y justicia en torno a las actuaciones de las autoridades durante la pandemia. Es fundamental que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial, objetiva y respetando el debido proceso, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La lucha contra la corrupción y la garantía de la salud pública son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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