Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 03.06.2024
La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte ha generado un revuelo en el ámbito político y judicial del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex, en el que se le acusa de recibir como donación tres relojes de la marca Rolex, joyas y realizar actos a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, encabezado por Wilfredo Oscorima. La valorización de los obsequios en cuestión ha causado sorpresa: los relojes alcanzan los US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, mientras que las joyas tienen un costo de US$ 5,512 y US$ 9,900 respectivamente.
La denuncia también señala que Boluarte emitió decretos y leyes en favor del Gobierno Regional de Ayacucho, lo que ha despertado suspicacias sobre posibles actos de corrupción. Ante estos hechos, surge la interrogante sobre hasta dónde puede llegar el Congreso en este caso, considerando la protección constitucional que tiene la presidenta. El artículo 117 de la Constitución establece que un presidente solo puede ser acusado por ciertas causales durante su mandato, lo que limita las acciones del Parlamento en este sentido.
Expertos constitucionales han divergido en sus opiniones sobre el alcance que puede tener el Congreso en el caso de Boluarte. Mientras algunos consideran que la denuncia no cumple con los requisitos para ser admitida a trámite, otros señalan que la vía política podría ser la única salida para abordar esta situación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha sido mencionada como parte fundamental en este proceso, aunque aún no se define el curso de acción que se tomará.
El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, ha expresado que evaluarán las medidas a tomar, incluyendo la posible solicitud de nulidad de la decisión de la Fiscalía. Por su parte, el penalista Andy Carrión ha explicado que la Fiscalía ha desacumulado los delitos imputados a Boluarte, centrándose únicamente en el cohecho pasivo impropio. Esta decisión se fundamenta en la complejidad de investigar el enriquecimiento ilícito, que requiere pericias contables.
La denuncia ha generado también repercusiones en torno al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien enfrenta acusaciones de cohecho activo genérico. A pesar de que la denuncia constitucional ha desacumulado los cargos contra él, se espera que continúe siendo investigado en otra instancia. La presentación de la denuncia ha sido cuestionada por su premura, siendo considerada por algunos como un paso apresurado que podría afectar la solidez del caso.
En medio de este escenario, la sociedad peruana observa con atención el desarrollo de este caso, que pone en tela de juicio la integridad de las autoridades y la lucha contra la corrupción en el país. La transparencia en las investigaciones y el respeto al debido proceso se convierten en pilares fundamentales para garantizar la justicia y la rendición de cuentas en un contexto marcado por la incertidumbre y la polarización política.
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