Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 02.06.2024
La campaña electoral en México se ha visto empañada por la violenta ola de asesinatos de candidatos, convirtiendo este proceso en uno de los más peligrosos de la historia reciente del país. Según cifras estatales, más de 20 candidatos han sido asesinados, aunque organizaciones de derechos humanos elevan esta cifra hasta los 40 dirigentes políticos muertos. Esta violencia no solo se ha traducido en asesinatos, sino también en cientos de amenazas y al menos 11 secuestros, generando un clima de temor y desconfianza en el ámbito político.
El politólogo Roberto Roldán, especializado en violencia política, señala que la opacidad en torno a estas cifras se debe a diversas razones, como el miedo de las víctimas a represalias, la ocurrencia de actos violentos antes de que se defina el candidato y la ubicación de estos hechos en regiones rurales aisladas, con poca repercusión a nivel nacional. La situación se agrava por la falta de una protección efectiva para los candidatos, quienes muchas veces rechazan la seguridad oficial por desconfianza o por cambiar de un lugar a otro según las lógicas locales de poder.
La violencia política en México no solo se atribuye al crimen organizado, sino que también tiene un componente político interno, donde algunos candidatos se enfrentan a balazos en una lucha por definir los representantes de los partidos. Esta situación, en palabras de Roldán, es estructural y endémica, y parece no tener visos de desaparecer en el corto plazo. Los candidatos a cargos municipales son los más vulnerables, siendo frecuente que los opositores a los alcaldes sean blanco de ataques en zonas rurales.
La violencia política no solo afecta a los candidatos, sino también a sus entornos cercanos, como lo ejemplifica el caso de Ivone Gallegos en Oaxaca, cuya familia y compañeros políticos han sido víctimas de la violencia durante años. Esta situación de impunidad y violencia constante tiene graves repercusiones para la democracia, ya que condiciona la participación ciudadana y afecta la legitimidad de los procesos electorales.
En un escenario donde los candidatos deben adaptarse a la posibilidad de ser asesinados, muchos optan por reducir su campaña a las redes sociales o negociar con grupos criminales para garantizar su seguridad. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los políticos locales frente a las dinámicas criminales que condicionan su actuación y limitan su libertad de acción. La ciudadanía, por su parte, se ve desmotivada a participar en la política debido al clima de violencia y temor que impera en muchas regiones del país.
Ante este panorama desolador, surgen interrogantes sobre cómo resolver esta problemática. Si bien se pueden implementar estrategias de seguridad y reformas políticas, la solución requiere de un enfoque integral que involucre a todas las instituciones gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. Reducir la impunidad, los incentivos a la violencia y cambiar la cultura política son desafíos que México enfrenta en su camino hacia una democracia más robusta y segura para sus ciudadanos.
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