
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Política 17.05.2024
El Gobierno peruano se enfrenta a un desafío crucial en materia de seguridad ciudadana, con el reciente cambio en el liderazgo del Ministerio del Interior generando incertidumbre sobre la continuidad y eficacia de las estrategias para combatir la delincuencia y la criminalidad en el país. Juan José Santiváñez Antúnez asume la responsabilidad de encaminar la lucha contra estos flagelos en un contexto marcado por la inestabilidad política y la constante rotación de ministros en el gabinete.
Santiváñez, quien anteriormente se desempeñó como viceministro de Orden Interno del Mininter, enfrenta el reto de establecer una estrategia clara y efectiva para abordar la inseguridad ciudadana, que afecta de manera transversal a todos los peruanos. Con su llegada al cargo, se convierte en el decimotercer ministro del Interior durante el Gobierno actual, evidenciando la falta de continuidad en la gestión de esta cartera ministerial clave.
La falta de una estrategia integral para combatir la delincuencia se refleja en la preocupación manifestada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y trabajadores, quienes demandan condiciones mínimas de seguridad para poder desarrollar sus actividades económicas y garantizar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo empresarial. La inseguridad se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
Los gremios empresariales y sindicales han unido fuerzas para proponer medidas concretas que contribuyan a fortalecer la seguridad ciudadana, como la implementación de Centros de Flagrancia para agilizar la administración de justicia y el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y justicia a través del mecanismo de OxI. Sin embargo, destacan la necesidad de contar con una voluntad política sólida y un enfoque integral que aborde no solo la dimensión punitiva, sino también aspectos educativos y preventivos.
La reciente reducción de la calificación de riesgo de Perú por parte de la calificadora S&P, debido a problemas de inestabilidad política que impactan en las inversiones, se suma a la compleja situación de inseguridad ciudadana que afecta al país. La percepción de falta de protección por parte del Estado entre los pequeños comerciantes y empresarios refleja la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población y fomentar un clima de confianza para la inversión.
El presupuesto destinado a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el país es significativo, pero es fundamental evaluar la efectividad de las acciones implementadas y su impacto en la prevención del delito. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, los gremios empresariales y sindicales, y la sociedad civil es esencial para abordar de manera integral el problema de la inseguridad y la criminalidad en Perú.
En este escenario, la necesidad de establecer un plan estructurado y sostenible para combatir la delincuencia se vuelve imperativa. El diálogo y la colaboración entre todos los actores involucrados, incluyendo el Gobierno, el Congreso, los gremios empresariales y sindicales, son fundamentales para diseñar estrategias efectivas que promuevan la seguridad ciudadana y el desarrollo económico en el país. La situación actual exige acciones concretas y un compromiso firme para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y brindar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento sostenible en Perú.
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