Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 16.03.2024
El Congreso es el principal aliado de la minería ilegal en el país, así lo demuestra la reciente aprobación de un proyecto de ley que pone trabas a los intentos de combatir esta lucrativa actividad criminal. Según cifras del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gobitz, la minería ilegal mueve alrededor de US$4 mil millones al año en el Perú, involucrando a cerca de un millón de personas y generando impactos devastadores tanto ambientales como sociales.
La minería ilegal no solo conlleva la depredación de los ecosistemas, especialmente en la selva, sino que también alimenta una red delincuencial que abarca desde la trata de personas hasta la explotación laboral infantil, el sicariato y el asesinato de defensores ambientales. Esta actividad ilegal se ha convertido en un lucrativo negocio para bandas criminales, que encuentran en ella una fuente de financiamiento ilegal para la política.
La norma aprobada por el Congreso deroga una disposición que permitía a la policía actuar en casos de tenencia ilegal de explosivos contra personas inscritas en el proceso de formalización minera cuya inscripción estuviera suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta derogación, apoyada por nueve bancadas parlamentarias, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular, permite un respiro a la minería ilegal y representa un duro golpe a los esfuerzos por combatirla.
El argumento esgrimido por algunos parlamentarios, como Segundo Quiroz de Bloque Magisterial, de que la medida gubernamental era "inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal", parece ser más una excusa que una justificación sólida. Los principales gremios empresariales del país han rechazado la norma y han instado al Gobierno a observarla, recordando que el Reinfo ha sido utilizado como refugio por mineros ilegales que nunca buscan realmente formalizarse.
Esta no es la primera vez que el Congreso aprueba leyes que benefician a la minería ilegal. Recordemos que el año pasado se aprobó una iniciativa para no destruir la maquinaria incautada en campamentos mineros ilegales, sino asignarla a los gobiernos locales y regionales, a pesar de las observaciones del Ejecutivo.
En resumen, el Congreso se ha convertido en el principal aliado de la minería ilegal en el país, socavando los esfuerzos por combatir esta actividad criminal que causa estragos no solo en el medio ambiente, sino también en la sociedad peruana. La aprobación de esta norma representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y plantea interrogantes sobre los verdaderos intereses que priman en ciertos sectores del poder legislativo.
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