Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 09.03.2024
El reciente desenlace del proceso de inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha marcado un hito en la política peruana. La ausencia de una inhabilitación masiva ha sido recibida como una buena noticia, pero lo más importante es que este episodio sirva para poner fin a la polarización que ha consumido la política y la institucionalidad judicial en el país.
Ahora, se espera que el Congreso pueda enfocarse en una agenda constructiva de reformas políticas, económicas y judiciales. La aprobación de la reforma constitucional de la bicameralidad y la reelección ha sido un primer paso significativo en esta dirección. Esta medida permitirá una mejor representación en el Parlamento, con candidatos presidenciales postulando al Congreso y líderes políticos fortaleciendo la disciplina de las bancadas.
Sin embargo, la implementación de la bicameralidad requiere de reformas complementarias que mejoren la transparencia en la financiación de las campañas electorales y promuevan la participación de los ciudadanos en la política. La necesaria aprobación de la reforma constitucional sobre impedimentos para postular también debe ser abordada para corregir las inconsistencias señaladas por expertos.
El cambio de primer ministro y la reciente designación de nuevos ministros han generado expectativas de un gobierno más decidido a emprender cambios y tomar decisiones que impulsen la confianza y la inversión privada en el país. Sin embargo, persisten desafíos importantes, especialmente en materia de seguridad ciudadana.
El nuevo premier, Gustavo Adrianzén, tiene la tarea de liderar un plan efectivo de lucha contra la criminalidad, con un enfoque en regiones como Trujillo y Pataz, donde la delincuencia ha generado graves problemas. Se requiere una estrategia integral que involucre a las comunidades y a los mineros informales en la lucha contra las bandas criminales.
Además, es fundamental realizar cambios en el Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones policiales y fortalecer la formalización de los mineros informales, una población vulnerable que representa una importante fuente de empleo en el país.
En este momento crucial, es imperativo abordar los problemas de manera efectiva en lugar de seguir postergando soluciones. El camino hacia una democracia fortalecida y una sociedad más justa y segura requiere de un compromiso conjunto de todas las fuerzas políticas y un liderazgo proactivo por parte de las autoridades en todos los niveles del gobierno.
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