Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 04.03.2024
El exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, ha sido condenado a 19 años y 6 meses de prisión por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras ser hallado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el caso La Centralita. Esta sentencia se suma a otros casos de corrupción en los que se ha visto involucrado Álvarez, revelando la profunda penetración del crimen organizado en la política peruana.
Durante la audiencia de adelanto de fallo, se determinó que la pena se cumplirá el 6 de septiembre del 2039, teniendo en cuenta el tiempo que el exmandatario regional ha estado en prisión. Además, se le impuso una multa de 800 días, equivalentes a S/3,864. A pesar de esto, Álvarez fue absuelto de los delitos de colusión y peculado, así como de la acusación por la compra de material de campaña electoral.
En este mismo caso, el excongresista Heriberto Benítez, asesor del Tribunal Constitucional, fue absuelto de los cargos de encubrimiento real, intimidación a la autoridad y asociación ilícita para delinquir en relación a La Centralita. En contraste, Martín Belaunde Lossio fue condenado a 4 años y 6 meses por asociación ilícita, con una suspensión de la pena de 3 años, y José Luis Cavassa Roncalla recibió una sentencia de 7 años y 6 meses por lavado de activos.
La trama criminal operaba en un centro de operaciones conocido como La Centralita, ubicado en la urbanización La Caleta en Chimbote, desde donde se planificaban acciones en contra de los opositores de Álvarez y se realizaban presuntos sobornos a jueces, fiscales y periodistas. Este caso involucró a un total de 81 personas, de las cuales 21 fueron sobreseídas al no encontrarse suficientes pruebas en su contra.
El caso La Centralita no solo revela la corrupción en las altas esferas del poder en el Perú, sino también la manera en la que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la política y manipular las instituciones para sus propios fines. La condena a César Álvarez y otros implicados en este caso es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, pero también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y promover la transparencia en la gestión pública para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
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