Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 29.02.2024
El Tribunal Constitucional de Perú se encuentra en una encrucijada, debatiendo sobre un tema que podría sentar un precedente importante en el país: ¿pueden retirarse los peajes a través de un hábeas corpus? Esta cuestión ha surgido a raíz de un recurso presentado por el abogado Ramón Pairazaman León, quien argumenta que la presencia de la caseta de peaje en Puente Piedra vulnera el derecho de libertad de tránsito de los ciudadanos.
En medio de este debate, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha expresado su respaldo a la solicitud de retirar el peaje. Sin embargo, abogados expertos como Renzo Carrasco, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, han señalado que el hábeas corpus no es el mecanismo adecuado para resolver controversias contractuales como esta.
En contraposición, Roger Zavaleta, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, advierte sobre los peligros que podrían surgir si se permitiera utilizar el hábeas corpus para cuestionar contratos de concesión. Señala que esto podría socavar la seguridad jurídica en el país y abrir la posibilidad de que otros ciudadanos impugnen contratos similares en el futuro.
El debate no solo se centra en la legalidad y los mecanismos adecuados para resolver este tipo de disputas, sino que también se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción. El alcalde ha sugerido que el contrato de Rutas de Lima fue adjudicado de manera corrupta, lo cual ha sido respaldado por investigaciones sobre pagos de la empresa Odebrecht a funcionarios de la comuna.
En medio de estas acusaciones, se plantea el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, que establece que los contratos no pueden ser modificados por leyes o normas de menor jerarquía y que los conflictos derivados de estos deben resolverse a través de la vía judicial o arbitral. Sin embargo, la interpretación de este artículo y su aplicación en este caso específico son objeto de controversia.
Mientras unos defienden la necesidad de respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica para no ahuyentar a potenciales inversionistas, otros argumentan que es imperativo atender a los intereses y derechos de la ciudadanía afectada. La discusión sobre la legalidad, la transparencia y la equidad en las concesiones viales sigue abierta, dejando en manos del Tribunal Constitucional la delicada tarea de decidir el futuro de los peajes en Perú.
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