El efecto caramelo y sus repercusiones políticas en Perú

El efecto caramelo y sus repercusiones políticas en Perú

La crisis desencadenada por los caramelos regalados por la presidenta en Perú genera un impacto en la política peruana y pone en evidencia la falta de visión y precaución de la mandataria. La agresión no se justifica, pero demuestra que todo podría haberse evitado. La presidenta busca chivos expiatorios en lugar de asumir responsabilidad, lo cual desencadena una crisis política innecesaria. El maltrato al general Angulo parece ser producto de choques con el ministro Torres. El rechazo al abuso fortalece la demanda de la renuncia del ministro y un cambio de gabinete.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política 28.01.2024
El efecto caramelo El efecto mariposa ha demostrado cómo una pequeña acción puede tener grandes repercusiones en diferentes partes del mundo. En el caso de Perú, la crisis desencadenada por los intentos de la presidenta de congraciarse con los ayacuchanos regalando caramelos ha generado un impacto similar en el microcosmos de la política peruana. No se sabe si fue una idea propia o si alguien cercano a ella se lo sugirió, pero la creencia de que su visita contribuiría a la reconciliación nacional demuestra una falta de visión preocupante. Cualquier persona informada le habría advertido que hay muchas regiones en las que su presencia solo reavivaría las protestas. Si aún así insistía en visitar esas regiones, debería haber sido breve y sin buscar popularidad. Además, se deberían haber tomado medidas extremas de seguridad, como hablar desde un estrado donde los abucheos pudieran ser disimulados con parlantes. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Quiso abrazar a las personas que se le acercaban, desbaratando así cualquier posibilidad de protección. Además, lanzó caramelos a los presentes, como si se tratara de una fiesta infantil, lo cual fue frívolo y provocador. Nada de esto justifica la agresión, pero ayuda a entender que todo podría haberse evitado. De hecho, lo único que logró la presidenta Boluarte en Huamanga fue poner nuevamente en la agenda las muertes ocurridas durante su gestión. El fiasco trascendió las fronteras y fue noticia en el extranjero, donde ella vende la imagen de un país en paz y tranquilidad. Todo podría haber quedado allí si la presidenta hubiera admitido sus errores y no buscara chivos expiatorios. Sin embargo, decidió culpar a otros. Esto ha desencadenado una grosera distorsión de la cadena de responsabilidades y una crisis política innecesaria. Si buscaba responsables, debería haberse dirigido al jefe de la Casa Militar de Palacio, cuya función es garantizar la seguridad de la presidenta. El papel de la Policía Nacional era asignar suficientes agentes para mantener el orden durante la visita. En cambio, decidieron vengarse destituyendo al comandante general de la policía, culpándolo de todos los fracasos frente al crimen. Específicamente, se le responsabiliza por los estados de emergencia que fueron decisiones intempestivas de Otárola y que la PNP tuvo que implementar sin preparación alguna. Incluso le atribuyen la autoría de un inexistente "plan Boluarte". Nunca había visto algo tan ofensivo e injusto para destituir a un funcionario en todas las décadas que llevo cubriendo este tema. Lo peor es que el maltrato absurdo e innecesario al general Angulo parece explicarse principalmente por los choques con el ministro Torres en relación a cambios de puestos y nombramientos. La policía tiene muchos problemas, como mencioné en mi columna anterior, pero estos son principalmente consecuencia de decisiones políticas desacertadas o falta de liderazgo gubernamental. No olvidemos que en marzo del 2023 Otárola prometió una "reforma" y una "limpieza" en la PNP, pero no se tomó ninguna medida. El rechazo unánime al abuso cometido ha dado mayor seriedad a la crisis, fortaleciendo la percepción generalizada de que el ministro Torres no está preparado para su cargo y debe renunciar. La suma de errores también ha reavivado la demanda de un cambio de gabinete. Mientras tanto, seguimos perdiendo tiempo sin abordar seriamente las respuestas a la criminalidad que nos está desangrando día a día.
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