Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 22.01.2024
La alcaldía metropolitana de Lima ha estado en una guerra contra los peajes desde que Rafael López Aliaga asumió el cargo el 1 de enero de 2022. Aliaga prometió anular las casetas de peaje del consorcio Rutas de Lima (RdL), especialmente la de Puente Piedra. Sin embargo, la presencia de aliados y organizaciones en apoyo a esta causa fue escasa y el tránsito ni siquiera se vio afectado.
Aliaga ha liderado una ofensiva contra lo que llama "el peaje de la corrupción", acusando a la exalcaldesa Susana Villarán de haber pactado con RdL en perjuicio del pueblo. Aunque estas acusaciones aún no han sido probadas judicialmente, Aliaga sospecha que la fijación de las tarifas de peaje y los ajustes anuales podrían estar relacionados con la corrupción de Odebrecht y OAS, empresas brasileras.
A pesar de estos señalamientos, los tribunales de arbitraje han dado la razón a RdL en tres arbitrajes promovidos por la empresa, alegando que no hay sentencias judiciales que confirmen la corrupción. Esto ha frustrado los esfuerzos de Aliaga por anular los peajes a través de la vía arbitral. Incluso en un arbitraje en curso promovido por la gestión de Jorge Muñoz contra Lima Expresa, se rumorea que la MML ha perdido en varios puntos del laudo.
Ante esta situación, la vía judicial se convierte en la última opción para Aliaga. Dos habeas corpus y amparos presentados ante el Tribunal Constitucional buscan anular los peajes en nombre de la libertad de tránsito y los derechos humanos. Sin embargo, ninguno de estos recursos ha sido presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino por ciudadanos y procuradores de los distritos en la ruta de los peajes.
Los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional se centran en el peaje de Puente Piedra en sentido de Norte a Sur. En una audiencia pública realizada el 4 de diciembre, el pleno del TC escuchó a los demandados y demandantes de ambos recursos. Aliaga acudió a la audiencia para expresar su apoyo a la demanda y exponer sus argumentos contra la corrupción.
Además, se ha revelado que uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, tuvo un vínculo laboral con Aliaga como asesor en materia constitucional cuando este era candidato presidencial. Aunque esto no es motivo de recusación en el TC, ha generado cierta controversia.
Por otro lado, RdL ha anunciado un aumento en las tarifas de peaje de S/. 6.50 a S/. 7.50, que podría hacerse efectivo a partir del 30 de enero. No ha habido diálogo ni negociación entre las partes, y los intentos del Gobierno de sacar a Odebrecht del camino como accionista de RdL no han tenido éxito.
En resumen, la guerra de los peajes en Lima continúa sin una solución clara a la vista. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional podría ser el encargado de dar un giro a esta historia si decide amparar alguno de los recursos presentados. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el TC decida dejar las cosas como están o incluso forzar a las partes a negociar.
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