Presidente de Guatemala convoca a reunión a Fiscal General para abordar preocupaciones sobre política criminal y corrupción.

Presidente de Guatemala convoca a reunión a Fiscal General para abordar preocupaciones sobre política criminal y corrupción.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, convocó a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, a una reunión para discutir varios temas de preocupación relacionados con la política criminal. Aunque Arévalo había mencionado su intención de pedir la renuncia de Porras, esto no ha sucedido hasta ahora. Se espera que durante la reunión, Arévalo solicite informes detallados sobre el avance de los procesos penales ordenados por la CIDH, la política de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa, una investigación sobre la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y el protocolo de actuación frente a medidas cautelares de la CIDH. Porras ha sido objeto de críticas y protestas en su gestión y está incluida en la lista Engel de Estados Unidos por presunta corrupción.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política 20.01.2024
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha convocado a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, a una reunión cara a cara para el próximo miércoles 24 de enero. Arévalo ha solicitado que Porras presente informes sobre varios temas que le preocupan, relacionados con la política criminal. Aunque Arévalo había mencionado previamente su intención de pedir la renuncia de Porras, esto no ha sucedido hasta el momento. Sin embargo, a través del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, Arévalo ha enviado una invitación formal a Porras para reunirse en la sede del despacho presidencial. Esta será la primera vez que Arévalo y Porras se encuentren cara a cara desde que el Ministerio Público presentó solicitudes de antejuicio en su contra, buscando retirarle la inmunidad para poder ser investigado en casos de corrupción. Arévalo ha solicitado a Porras un informe detallado sobre cuatro aspectos clave. En primer lugar, Arévalo desea conocer el avance de los procesos penales que están siendo investigados por el Ministerio Público, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, no se especifica de qué procesos se trata. En segundo lugar, Arévalo solicita un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Según el secretario Guerrero, se ha perseguido a periodistas por realizar su trabajo, e incluso algunos han sido procesados penalmente. Se menciona el caso del diario ElPeriodico, que tuvo que cerrar debido a la persecución legal. En tercer lugar, el presidente pide información sobre una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19. Se menciona la posibilidad de pagos de sobornos con fondos públicos, falta de planificación para la campaña de vacunación y retrasos en la entrega de las vacunas. Se señala que la investigación parece estar estancada a pesar de la denuncia presentada. Por último, Arévalo solicita detalles sobre el protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales. Consuelo Porras ha sido fiscal general de Guatemala desde mayo de 2018 y ha sido reelecta en el cargo. Su gestión ha sido objeto de críticas debido a las investigaciones emprendidas contra el partido Movimiento Semilla, operadores de justicia y periodistas. Incluso, se han realizado protestas a nivel nacional exigiendo su renuncia, pero Porras ha permanecido en su puesto. Además, en mayo de 2022, Porras fue incluida en la lista Engel de Estados Unidos por su presunta participación en actos de corrupción. El Departamento de Estado argumenta que su gestión ha obstaculizado investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos.
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