Controversia por uso de vehículo presidencial en fuga de exgobernador Cerrón

Controversia por uso de vehículo presidencial en fuga de exgobernador Cerrón

El suboficial de la PNP, Félix Montalvo Guevara, ha sido identificado como el conductor del vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el ‘Cofre’, que presuntamente fue utilizado en la fuga de Vladimir Cerrón.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

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Política 21.09.2024

En un episodio que ha generado gran controversia y especulación, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Félix Montalvo Guevara, ha sido identificado como el conductor del vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte, conocido popularmente como el ‘Cofre’. Este vehículo, de placa EGR-844, ha estado en el centro de atención luego de que se revelara que presuntamente fue utilizado en la fuga del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, quien cuenta con una orden de detención en su contra.


Un informe enviado por el despacho presidencial a la Fiscalía de la Nación ha confirmado que el vehículo en cuestión salió de Palacio de Gobierno el pasado 24 de febrero. Según los reportes, fue visto en un grifo en Sarapampa, ubicado en la Panamericana Sur. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre la posible implicación del gobierno en la fuga de Cerrón, quien ha sido un personaje polémico y muy ligado a la política local.


El comandante Carlos Cárdenas Bernaola, responsable de la Casa Militar, autorizó el uso del vehículo para brindar seguridad a la presidenta, aunque en ese momento no había actividades oficiales programadas. Este detalle ha generado aún más dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos del Estado y la posible complicidad de las fuerzas del orden en el traslado de un fugitivo.


Ante estas acusaciones, la presidenta Boluarte ha salido al paso desmintiendo cualquier vínculo entre su administración y la fuga de Cerrón. Durante la inauguración de un colegio en Ate, Boluarte reiteró que los vehículos presidenciales son de uso exclusivo para su persona y enfatizó que ninguno de ellos salió de la jurisdicción de Lima. Estas declaraciones buscan acallar las especulaciones que han circulado en los medios y redes sociales.


Boluarte no se detuvo ahí; alude a las acusaciones como “historias de terror” y dirigió críticas hacia quienes las han promovido, sugiriendo que provienen de “mentes siniestras” que buscan difamar su gestión. Esta retórica defensiva ha sido parte de la narrativa que ha utilizado desde que asumió el cargo, enfrentando diversos desafíos políticos y legales.


La situación ha encendido el debate público sobre la utilización de vehículos oficiales y la adecuada responsabilidad de los funcionarios en el manejo de recursos estatales. La ciudadanía se pregunta si habrá consecuencias para el suboficial Montalvo Guevara y si se tomarán medidas para esclarecer este incidente que podría empañar aún más la imagen del gobierno de Boluarte.


Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación ha iniciado las indagaciones pertinentes para determinar la veracidad de las acusaciones y si hubo algún tipo de irregularidad en el uso del vehículo. Se espera que estos procesos judiciales arrojen luz sobre un tema que ha captado la atención no solo de la población, sino también de los organismos de control y transparencia.


Los opositores políticos a Boluarte han aprovechado esta oportunidad para intensificar sus críticas, acusando al Ejecutivo de falta de control y de una gestión opaca que podría estar encubriendo actos ilegales. En un clima político ya tenso, este nuevo escándalo podría ser un punto de inflexión en la relación del gobierno con sus detractores.


Se espera que en los próximos días, tanto la presidenta como los responsables de la Casa Militar se pronuncien nuevamente sobre este tema, y se brinden más detalles sobre la investigación que se lleva a cabo. La situación no solo afecta a la imagen del gobierno, sino que también pone de manifiesto la fragilidad del orden político en el país, donde la desconfianza entre las instituciones y los ciudadanos parece estar en su punto más alto.


La resolución de este caso será fundamental para el futuro político de Dina Boluarte y su administración, ya que cualquier hallazgo en contra de su gestión podría significar un obstáculo serio en su intento por consolidar su gobierno en medio de una creciente oposición. La expectativa es alta, y la sociedad civil se mantiene atenta ante la evolución de estos acontecimientos, que continúan revelando las complejidades y tensiones del panorama político peruano.

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