Divergencias en firmas de Dina Boluarte desatan investigación por posible falsificación

El caso de la presidenta Dina Boluarte ha cobrado una nueva dimensión a raíz de un análisis realizado por el perito grafotécnico Augusto Arbaiza, quien identificó ‘divergencias’ en las firmas de la mandataria. Estas discrepancias se han presentado en el contexto de un decreto supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, mientras Boluarte se encontraba en un postoperatorio tras someterse a una rinoplastia. Las dudas que surgen a partir de este hallazgo han llevado a que la Fiscalía inicie una investigación sobre la posible falsedad en la firma.

La atención se centra en el hecho de que, según Arbaiza, existen diferencias notables entre la firma registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la que aparece en el decreto cuestionado. En una entrevista, Arbaiza detalló que la forma en que comienza la letra "D" en la firma de la resolución no coincide con la auténtica, lo que sugiere que podría no haber sido firmada por Boluarte. Este tipo de análisis ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que alguien más haya firmado en su nombre, lo que plantea serias interrogantes sobre la legitimidad de dichas decisiones.

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, ha defendido la legalidad de las acciones realizadas durante su postoperatorio, argumentando que no existe una obligación constitucional de comunicar al Congreso sobre una incapacidad temporal. Según Portugal, Boluarte continuó firmando documentos importantes durante su recuperación, lo que contradice la idea de que su ausencia del poder era efectiva. Sin embargo, el informe que destapó la controversia ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de estas afirmaciones.

Sonia Suyon, periodista que expuso el caso en la publicación Hildebrandt en sus Trece, planteó la inquietud de si efectivamente alguien firmó por la presidenta mientras ella se encontraba incapacitada, lo que podría constituir un acto de falsificación. La gravedad de la situación se ve incrementada por el hecho de que el decreto en cuestión no es el único que ha sido analizado; también se ha destacado otro decreto relacionado con el estado de emergencia en Moquegua, que se emitió en un momento en que Boluarte se encontraba ausente.

El exprocurador Daniel Soria advirtió que si se confirma que otros miembros del gabinete tomaron decisiones propias de la presidencia durante la ausencia de Boluarte, esto podría constituir una usurpación de funciones. La normativa constitucional es clara respecto a la sucesión presidencial, y Soria enfatiza que el presidente del Consejo de Ministros no tiene derecho a ejercer poderes que no le corresponden, lo que puede llevar a implicaciones legales serias.

En medio de estas controversias, Alberto Otárola, ex presidente del Consejo de Ministros, ha declarado ante el Congreso que la presidenta sí se sometió a una cirugía en junio de 2023, pero que durante su recuperación estuvo en comunicación constante y participó en reuniones virtuales. Otárola argumentó que la ausencia de vicepresidentes crea un vacío que podría necesitar atención legislativa futura, asegurando que las decisiones tomadas durante este periodo fueron responsabilidad de cada ministro.

Así, la situación se torna aún más compleja, ya que mientras Otárola asegura que la presidenta cumplió con sus obligaciones, hay evidencia que sugiere que su firma podría haber sido falsificada. Esto lleva a una paradoja en la que se cuestiona la validez de las decisiones tomadas en un periodo crítico, así como la integridad del liderazgo de Boluarte.

La falta de actividad en la agenda presidencial durante más de diez días también ha sido un tema de discusión. La directora de prensa del Despacho Presidencial confirmó que no hubo actos oficiales que cubrir en ese tiempo, lo que ha alimentado la especulación sobre la real implicación de la presidenta en la toma de decisiones durante su convalecencia. La imagen de una presidenta activa se enfrenta al relato de una mandataria incapacitada.

A medida que avanza la investigación del Ministerio Público, la presión sobre la presidenta Boluarte y su administración crece. La posibilidad de que se hayan cometido irregularidades en la firma de documentos oficiales podría tener repercusiones que van más allá de la imagen pública de la mandataria. En un contexto donde la legitimidad y la confianza son fundamentales para el ejercicio del poder, este caso podría marcar un punto de inflexión en la percepción del liderazgo de Boluarte.

Así, la historia de Dina Boluarte continúa desarrollándose, y con ella, las preguntas sobre su legalidad y ética en el cargo. Lo que parecía ser una simple cuestión de salud se ha transformado en una trama compleja que involucra elementos de posible fraude y usurpación de funciones, obligando a la opinión pública y a las instituciones a observar detenidamente cómo se desenlazan los acontecimientos en los próximos días.