Fiscal suprema Delía Espinoza pide la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación por 36 meses

La fiscal suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Delia Espinoza, ha presentado ante el Poder Judicial un pedido de suspensión de derechos para la abogada Liz Patricia Benavides Vargas, quien se desempeña como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Esta solicitud se fundamenta en una investigación preliminar que señala a Benavides como presunta líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público.

El pedido de suspensión, presentado el pasado 10 de mayo, busca que Liz Patricia Benavides sea apartada de sus funciones por un periodo de 36 meses. La investigación en su contra abarca delitos contra la tranquilidad pública - organización criminal agravada, así como diversas acusaciones relacionadas con la administración pública.

Cabe destacar que Patricia Benavides ya se encontraba suspendida en su cargo desde el 7 de diciembre anterior, por una decisión de la Junta Nacional de la Magistratura que dictaminó una suspensión de seis meses. Esta medida está próxima a vencer el 6 de junio, lo que permitiría a Benavides regresar al Ministerio Público, aunque su situación continúa generando controversia dado el contexto de las investigaciones en curso.

La imposibilidad actual de la Junta Nacional de la Magistratura de ampliar la suspensión disciplinaria o finalizar el proceso de destitución de Benavides ha motivado a la fiscal Delia Espinoza a acudir al Poder Judicial en busca de una solución. El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria ha programado una audiencia pública para el próximo 22 de mayo con el propósito de discutir el pedido de la fiscalía y escuchar los argumentos de la investigada antes de la fecha límite.

Uno de los aspectos relevantes en el desarrollo de este caso es la negativa del juez Checkley a imponer un impedimento de salida del país a Patricia Benavides. Esta decisión se basa en consideraciones procesales, pues el caso aún se encuentra en una etapa de investigación preliminar que requiere la validación del Congreso mediante una acusación constitucional para avanzar hacia una investigación preparatoria.

La Fiscalía sostiene que Patricia Benavides habría liderado una organización criminal que habría negociado con congresistas la suspensión de la fiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio de favores para archivar investigaciones en curso, como el caso conocido como "Los Niños" y las actuaciones durante el gobierno de Pedro Castillo.

La audiencia programada por el juez Checkley para el 22 de mayo plantea un escenario crucial para definir el futuro de Patricia Benavides en su rol de fiscal suprema y fiscal de la Nación. La resolución que se alcance tendrá un impacto significativo en la Fiscalía de la Nación y en las tareas de investigación que actualmente se llevan a cabo.

En medio de estas circunstancias, la sociedad observa con atención el desenlace de este proceso judicial, que pone de manifiesto la importancia de mantener la integridad y transparencia en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el cumplimiento de la ley. La actuación de la fiscal Delia Espinoza refleja el compromiso con la lucha contra la corrupción y el esclarecimiento de presuntas actividades ilícitas que puedan afectar el correcto funcionamiento del sistema judicial en el país.

La expectativa crece en torno a la audiencia del 22 de mayo, donde se espera que se esclarezcan los argumentos presentados y se adopte una decisión fundamentada en el respeto al debido proceso y la garantía de los derechos de todas las partes involucradas. Mientras tanto, la labor de la justicia continúa su curso en un contexto marcado por la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad en su conjunto.