Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 13.04.2025
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria de Estados Unidos ha experimentado cambios drásticos que han impactado a millones de personas dentro y fuera del país. La administración Trump no solo amplió considerablemente las bases para la detención y deportación de migrantes, sino que también redefinió la interpretación de las leyes existentes, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y miedo entre la población migrante. Este enfoque ha continuado bajo el gobierno de Joe Biden, aunque con un énfasis distinto en la represión de aquellos que ya se encuentran en el país sin estatus legal.
Bajo el gobierno de Biden, el foco se ha desplazado hacia el control de la migración en la frontera, pero esto no ha significado un alivio para muchos. Los titulares de green cards, así como los migrantes en situación legal, se han visto cada vez más expuestos a políticas que buscan revocar su estatus y deportarlos, incluso por delitos menores cometidos hace años. La situación se ha intensificado con arrestos de estudiantes internacionales y trabajadores que no han enfrentado cargos penales, lo que plantea serias dudas sobre la aplicación equitativa de la justicia.
Uno de los aspectos más preocupantes de la política migratoria moderna en EE. UU. es la posibilidad de deportación acelerada. Este procedimiento permite a las autoridades deportar a personas que han estado en el país menos de dos años sin otorgarles una audiencia ante un juez. Con el 70% de las órdenes de expulsión emitidas por no comparecer a su audiencia, la transparencia y el debido proceso se ven seriamente comprometidos en el sistema de inmigración. La Corte Suprema, en su reciente decisión, ha tratado de equilibrar esta balanza al exigir que las personas a ser deportadas sean notificadas para que puedan apelar, aunque esto aún deja muchas lagunas en términos de protección a los migrantes.
A pesar de la creciente represión, hay una falta crítica de representación legal para los migrantes. A diferencia de los procedimientos penales, donde la defensa es proporcionada por el estado, en los casos de inmigración, los migrantes deben buscar y pagar a su abogado. Este obstáculo financiero se traduce en que en 2024, solo el 32% de las personas involucradas en procesos de deportación contaban con representación legal, lo que dificulta aún más su capacidad para defenderse.
Adicionalmente, el gobierno ha intentado restringir la asistencia legal a menores no acompañados, lo que ha llevado a una serie de litigios en los tribunales. Un caso notable involucró la detención administrativa de un hombre que fue deportado por error, resaltando las fallas del sistema que pueden llevar a consecuencias devastadoras para quienes buscan protección en EE. UU. La Corte Suprema ha intervenido en este y otros casos, pero las respuestas son a menudo lentas y no siempre efectivas.
El uso de herramientas como la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado preocupaciones sobre el poder de la administración para actuar sin el debido proceso. Aunque esta ley, que otorga al presidente la capacidad de deportar a “enemigos extranjeros” en tiempos de guerra, ha sido históricamente poco utilizada, su invocación en tiempos recientes ha alarmado a los defensores de derechos humanos, quienes ven esto como un ataque a los principios básicos de justicia y equidad.
A pesar de los cambios en la política migratoria, las condiciones de acceso a servicios públicos para migrantes todavía presentan barreras significativas. Los titulares de green cards deben esperar cinco años para acceder a Medicaid, y los migrantes no autorizados enfrentan restricciones aún más severas en la mayoría de los estados. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, ya que algunos estados permiten que migrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, lo que facilita su integración en la sociedad.
La situación en los puertos de entrada también ha cambiado drásticamente. Los funcionarios de migración tienen ahora más autoridad para interrogar y revisar a personas no ciudadanas que llegan al país, lo que incluye registrar teléfonos y cuentas de redes sociales. Esto ha llevado a situaciones en las que se niega la entrada a extranjeros simplemente por expresar opiniones críticas sobre la política de EE. UU., lo que plantea preguntas sobre la libertad de expresión y los derechos humanos.
Las consecuencias de estas políticas han llevado a varios países a emitir advertencias de viaje a sus ciudadanos, lo que demuestra el impacto global de las decisiones de política migratoria de EE. UU. A medida que se intensifican los debates sobre la inmigración, es crucial que los defensores de derechos humanos y las comunidades afectadas continúen luchando por una reforma que respete la dignidad y los derechos de todos los migrantes, independientemente de su estatus. La situación actual exige un compromiso renovado con el debido proceso y la justicia, y un reconocimiento de que la diversidad enriquece la sociedad estadounidense en su conjunto.
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