Congelación de fondos de EE. UU. pone en riesgo la lucha contra el VIH en Latinoamérica

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar todos los fondos para la asistencia exterior, incluido el crucial Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), ha desatado una crisis de salud pública en América Latina y el Caribe, donde más de 20 países dependen de estas ayudas para combatir el VIH. Esta medida ha exacerbado los problemas existentes en la respuesta a la epidemia del VIH, lo que ha llevado a una preocupante falta de acceso a servicios esenciales de prevención y tratamiento. La confusión resultante de la exención emitida por Estados Unidos, que supuestamente permite que algunos fondos se destinen a servicios salvavidas, ha dejado a muchas organizaciones comunitarias en la oscuridad. A pesar de algunos intentos de reiniciar programas vitales, la mayoría de los países de la región han experimentado interrupciones significativas en sus tratamientos y servicios de prevención, lo que pone en riesgo a millones de personas. La disminución de la financiación ha afectado la adherencia a los tratamientos antirretrovirales, mientras que el apoyo social y el asesoramiento han sido recortados, lo que se traduce en un aumento de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el SIDA. Países como Colombia y Perú han visto un impacto directo en sus poblaciones migrantes y refugiadas, quienes tienen una prevalencia del VIH que es el doble que la de la población general. En Colombia, alrededor de 4.000 migrantes dependen del tratamiento antirretroviral financiado en parte por PEPFAR, pero la falta de recursos ha dejado a muchas personas sin acceso a servicios médicos vitales. Organizaciones comunitarias que apoyan a estas poblaciones han tenido que despedir a miembros de su personal, lo que limita aún más su capacidad de intervención. La situación es igualmente alarmante en la República Dominicana, donde PEPFAR financia aproximadamente un tercio de los servicios de VIH. La pausa en la financiación ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales, y la calidad de la atención se ha deteriorado drásticamente. Esto ha afectado no solo a quienes ya reciben tratamiento, sino también a aquellos que necesitan ser diagnosticados y iniciados en tratamiento, lo que pone en riesgo el objetivo de eliminar el SIDA como problema de salud pública. En Guatemala, las poblaciones clave, como personas transgénero y hombres que tienen sexo con hombres, han visto interrumpidas las iniciativas de prevención y tratamiento debido a la reducción de financiamiento. La suspensión de programas ha llevado a una disminución en la distribución de medicamentos preventivos como la PrEP, poniendo en grave riesgo a las comunidades más vulnerables. Esta falta de acceso a servicios de salud puede llevar a un aumento en las tasas de infección en un contexto ya complicado. Haití representa uno de los casos más críticos, dado que PEPFAR cubre alrededor del 60% de la respuesta nacional al VIH. La crisis humanitaria y la violencia de pandillas han llevado al desplazamiento de miles de personas, muchas de las cuales ya viven con el VIH y dependen de un tratamiento constante. La suspensión de servicios ha causado una gran ansiedad en estos pacientes, quienes ahora se encuentran en un limbo que pone en juego sus vidas. La situación en Jamaica y Panamá también merece atención. En Jamaica, el 70% de los recursos para el VIH provienen de fuentes externas, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para continuar su labor en un contexto de financiación incierta. En Panamá, la suspensión de diagnósticos y transporte de muestras ha limitado drásticamente los servicios esenciales, especialmente para las poblaciones indígenas que ya enfrentan barreras significativas para acceder a la atención. A pesar de la desoladora situación en varios países, Brasil ha logrado mantener su respuesta al VIH debido a su sistema de salud pública robusto, que asegura el acceso a servicios sin interrupciones. Este contraste pone de relieve la importancia de sistemas de salud sostenibles y bien financiados para hacer frente a epidemias como el VIH. La situación actual en América Latina es alarmante, especialmente teniendo en cuenta que la región ha experimentado un aumento del 9% en nuevas infecciones por VIH desde 2010. La congelación de fondos amenaza con revertir los avances conseguidos en la respuesta al VIH en la región y debilitar los esfuerzos para aumentar la financiación nacional. Con el apoyo de ONUSIDA, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil están trabajando para mitigar el impacto de esta crisis y buscar soluciones sostenibles. La directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, Luisa Cabal, ha enfatizado la urgencia de mantener los servicios esenciales y ha instado a los gobiernos de la región a asumir un papel de liderazgo en la garantía del derecho a la salud de las poblaciones más marginadas. En este contexto, es imperativo que tanto Estados Unidos como los países de la región encuentren formas de reintegrar y garantizar la financiación para la respuesta al VIH, para que no se pierdan los logros alcanzados hasta el momento y se proteja la salud y el bienestar de millones de personas en América Latina y el Caribe. La lucha contra el VIH es un reto colectivo que exige un compromiso renovado y sostenido.