Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado una huella profunda en el sector salud, especialmente en lo que respecta a la atención de la infancia y grupos vulnerables. A pesar de las promesas de mejorar el sistema de salud pública y de hacer frente a las principales problemáticas del país, los recortes presupuestales han impactado gravemente diversas áreas clave en la salud de la población, particularmente en la salud infantil, la prevención del VIH y el tratamiento del cáncer de mama. Según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se han registrado recortes que superan los 11 mil millones de pesos en programas de salud fundamentales. El Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia se ha visto severamente afectado, con un recorte de 9 mil millones de pesos, lo que representa un alarmante 64% menos de lo que había sido aprobado por el Congreso. La disminución en el presupuesto de este centro es preocupante, considerando que su principal función es establecer y evaluar políticas nacionales dirigidas a la salud infantil y adolescente, así como a la vacunación de la población. Al final del ejercicio fiscal, el centro contaba con apenas 5 mil 50 millones de pesos, lo que limita dramáticamente su capacidad para llevar a cabo sus funciones esenciales en un momento en que la salud de los menores es una prioridad. Además de los recortes en la salud infantil, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (Censida) también sufrió un recorte del 10.5%. Este centro, encargado de la provisión de antirretrovirales y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, dispondrá de 493.8 millones de pesos, lo que repercutirá en la atención y tratamiento de quienes viven con VIH en el país. El impacto de estos recortes se extiende a otras áreas críticas. El Centro de Control de Enfermedades y Salud Reproductiva, que tiene la responsabilidad de las políticas de planificación familiar y salud materna, se vio obligado a operar con 52% menos de su presupuesto, pasando de 2 mil 538 millones a 1 mil 203 millones de pesos. Esta reducción pone en riesgo la atención a la salud de un segmento ya vulnerable de la población. Por otro lado, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades también experimentó un recorte significativo del 43.5%, lo que tendrá un efecto adverso en los programas federales que se ocupan de la prevención de enfermedades como el dengue y el cáncer cérvico-uterino, entre otros. La disparidad en el uso de los recursos es evidente, y mientras que los institutos de salud sufren recortes, las megaobras del gobierno reciben incrementos presupuestales significativos. Proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya han visto un aumento desproporcionado en su financiación, lo que plantea serias dudas sobre las prioridades del gobierno saliente. El Corredor Interoceánico, por ejemplo, tuvo un gasto que excedió en más del 80% lo anteriormente aprobado, alcanzando erogaciones que superan los 30 mil millones de pesos. Esto contrasta fuertemente con la situación de los programas de salud, que requieren de inversiones constantes y sostenidas para garantizar el bienestar de la población. La situación actual plantea un dilema ético y moral: ¿por qué se priorizan las grandes obras de infraestructura sobre la salud de los niños y los grupos vulnerables? La respuesta a esta pregunta podría ser reveladora sobre la visión y los objetivos del gobierno de López Obrador en sus últimos meses de mandato. A medida que se cierran las puertas de este sexenio, queda en el aire la preocupación sobre cómo se enfrentarán las consecuencias de estos recortes en el futuro. La salud de la infancia y la atención a enfermedades críticas no son solo cuestiones de presupuesto, sino de derechos humanos y de justicia social. La sociedad aguarda con expectativa las decisiones que tomarán las nuevas autoridades en materia de salud pública, esperando que se prioricen a quienes más lo necesitan.