Líderes canadienses se unen contra la amenaza de aranceles de Trump: una frágil respuesta bipartidista.

En una alineación inusual, líderes canadienses de diversos antecedentes políticos se han unido en respuesta a la inminente amenaza de los aranceles propuestos del presidente electo Donald J. Trump del 25 por ciento sobre las exportaciones canadienses. Los aranceles podrían tener implicaciones devastadoras para la economía de Canadá, y aunque hay consenso sobre la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza, aún no ha surgido una estrategia clara sobre cómo retaliar si Trump cumple con su amenaza. Esta semana, el gobierno canadiense convocó una reunión con los primeros ministros provinciales para discutir un enfoque coordinado sobre las preocupaciones fronterizas, impulsada por la alarmante retórica de Trump sobre una “invasión” de migrantes y sustancias ilícitas, particularmente el fentanilo. A pesar de la ausencia de datos que respalden tales afirmaciones, los líderes canadienses han reconocido la necesidad de abordar las demandas de Trump con seriedad. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, enfatizó esto, señalando que el primer ministro Justin Trudeau comprende la gravedad de la situación y la importancia de una respuesta rápida. En anticipación a los posibles aranceles, el gobierno de Trudeau está implementando una serie de iniciativas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza. Los planes incluyen el despliegue de tecnologías avanzadas, como drones y perros detectores de drogas, mejorar la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley y fortalecer el intercambio de inteligencia con los homólogos estadounidenses. Smith, generalmente crítica con Trudeau, describió el plan federal como “bastante robusto”, destacando un raro momento de bipartidismo en un panorama político típicamente fracturado. A nivel provincial, Alberta ha anunciado sus propias medidas para reforzar la seguridad fronteriza, declarando una “zona fronteriza crítica” a dos kilómetros al norte de la frontera con EE. UU. Esto permitirá a los alguaciles provinciales detener a personas sospechosas de actividades ilegales sin una orden judicial, un movimiento que plantea preguntas sobre las libertades civiles, pero que es visto como necesario por los funcionarios locales. El ministro de seguridad pública de Alberta, Mike Ellis, articuló que las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza son mutuas, sugiriendo que ambas naciones tienen problemas válidos que abordar. Sin embargo, la conversación tomó un giro ligeramente contencioso cuando se trató de discutir posibles medidas de represalia si Trump impone los aranceles. Trudeau y la ministra de Finanzas Chrystia Freeland insinuaron aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses. En contraste, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, propuso una estrategia más provocativa, sugiriendo que Ontario podría detener las exportaciones de electricidad hacia EE. UU. Esta idea fue rechazada por el primer ministro de Quebec, François Legault, enfatizando la falta de uniformidad en la estrategia de respuesta de Canadá. Smith, aunque no apoyó la prohibición de exportación de electricidad de Ford, abogó por un diálogo continuo con EE. UU. Dada la importante función de Alberta como proveedor de petróleo, destacó que un arancel sobre el petróleo de Alberta podría llevar a aumentos sustanciales en los precios para los consumidores estadounidenses, sugiriendo en última instancia que Canadá es un socio más confiable que proveedores alternativos como Venezuela o Irán. A medida que se acerca la temporada navideña, las ramificaciones económicas de estas maniobras políticas están en juego. La inminente declaración económica del gobierno de Trudeau probablemente abordará estas cuestiones fronterizas y delineará un camino a seguir en lo que se está convirtiendo en una relación cada vez más compleja con la administración estadounidense entrante. Por ahora, el consenso interpartidista sobre la seguridad fronteriza puede ser el primer paso para navegar estas aguas turbulentas, aunque el camino por delante sigue siendo incierto mientras las provincias sopesan sus opciones.