Litigios en aumento: el gobierno de AMLO enfrenta crisis con empresas y justicia

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por un notable incremento en los litigios, con más de 21,000 juicios atendidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en los últimos seis años. Este fenómeno de litigiosidad se ha manifestado en una serie de conflictos que involucran a grandes empresas, exfuncionarios y la modificación de políticas públicas que han generado descontento social. Entre los actores más relevantes en este marco de disputas legales se encuentran Grupo México, Vulcan Materials y Altos Hornos de México. Estas empresas han estado en el centro de controversias debido a sus operaciones y el impacto que han tenido en el medio ambiente y en comunidades locales. Por ejemplo, la construcción del Tren Maya ha generado fuertes oposiciones de campesinos y ciudadanos que han presentado amparos en contra de las obras, alegando afectaciones a sus tierras y ecosistemas. El conflicto con Grupo México alcanzó un punto crítico el 19 de mayo de 2023, cuando la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur en el sureste del país, en un movimiento que fue interpretado como una respuesta a las tensiones por el uso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Este acto fue parte de un acuerdo más amplio que incluía la entrega de 120 kilómetros de ferrocarril al estado, a cambio de una extensión en la concesión y un pago que distó mucho de la indemnización que la empresa había solicitado. En un giro aún más preocupante, el gobierno federal, en octubre de 2023, anunció la presentación de una denuncia penal en contra de Grupo México por su responsabilidad en un derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, un hecho que ha sido catalogado como uno de los mayores desastres ecológicos en la historia reciente de México. Las repercusiones de este desastre siguen siendo un tema candente, con demandas aún en curso y la instalación de una mesa de trabajo con la empresa para abordar los daños causados. Por otro lado, la empresa Vulcan Materials ha tenido su propia serie de conflictos. Desde 2018, ha presentado reclamaciones de arbitraje contra el gobierno mexicano por la suspensión de sus operaciones en Playa del Carmen, debido a preocupaciones ambientales. Las tensiones aumentaron cuando el gobierno recalcó que no estaba expropiando, sino clausurando operaciones que ponían en riesgo el medioambiente, pero la presión internacional podría complicar aún más la situación. Altos Hornos de México también ha sido parte de este entramado litigioso. Su presidente, Alonso Ancira, se enfrentó a múltiples acusaciones relacionadas con irregularidades en la compra de plantas de fertilizantes a Pemex, lo que culminó en una serie de juicios que reflejan la complejidad de las relaciones entre el gobierno y las empresas. Además de las controversias con grandes corporaciones, el gobierno de López Obrador ha tenido que lidiar con un descontento creciente en el sector judicial. En 2023, se registraron cientos de juicios de amparo relacionados con la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y resistencia entre los trabajadores del sector. Las modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) también han sido objeto de críticas y litigios. Miles de ciudadanos han presentado amparos contra cambios en la estructura orgánica del INE, reflejando una preocupación sobre la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales. Este clima de desconfianza ha llevado a manifestaciones y a un clamor cada vez más fuerte por el respeto a los derechos democráticos. En este contexto, figuras como Rosario Robles y Emilio Lozoya han mantenido un perfil alto en los medios de comunicación, no solo por sus implicaciones legales, sino también por el simbolismo que representan en la lucha contra la corrupción. Robles, después de haber sido encarcelada, fue finalmente absuelta, mientras que Lozoya ha sido un referente en las denuncias sobre la corrupción en Pemex, con su propia serie de acusaciones en curso. Las empresas deudoras del fisco también forman parte de esta narrativa, destacando las tensiones entre el gobierno y el sector empresarial. La publicación de una lista de empresas con juicios abiertos ha suscitado reacciones mixtas, reflejando el compromiso de la administración con la recaudación fiscal, pero también el descontento que puede generar en un entorno económico ya frágil. El actual panorama de litigios en México sugiere que la administración de López Obrador continuará enfrentando desafíos significativos en su búsqueda por implementar cambios estructurales y combatir la corrupción, mientras lidia con las repercusiones de sus decisiones en el ámbito legal y social. La intersección entre la política, la economía y el derecho sigue siendo un terreno complejo y volátil, donde las decisiones de hoy marcarán el rumbo del país en el futuro cercano.