Confusión y críticas: el Gobierno peruano ante la crisis de Venezuela

La reciente controversia en torno a las declaraciones del Gobierno peruano sobre la situación en Venezuela ha generado una ola de críticas y confusión tanto en el ámbito político como en la población. La presidenta Dina Boluarte, tras un periodo de silencio, ha intentado aclarar la postura del país, pero sus palabras han despertado más interrogantes que certezas. A pesar de sus esfuerzos por establecer una línea coherente, las contradicciones son evidentes y la tibieza en sus afirmaciones ha sido objeto de reproches por parte de diversos sectores. La situación se tornó más complicada tras la salida de Javier González-Olaechea de la cancillería, un movimiento que, según Boluarte, no debería interpretarse como un cambio en la política exterior del Perú. Sin embargo, su evasión al referirse a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, como "candidato de la oposición" en lugar de "presidente electo" contrasta fuertemente con el reconocimiento que se le había dado en administraciones anteriores. Esta inconsistencia ha llevado a cuestionar la credibilidad de las afirmaciones del Gobierno. Boluarte ha insistido en que su administración no será cómplice de un "fraude electoral" y ha exigido que el régimen de Nicolás Maduro presente las actas de las elecciones, argumentando que "el que nada tiene, nada teme". Sin embargo, el enfoque parece ser más retórico que efectivo, ya que la falta de un reconocimiento explícito hacia el nuevo liderazgo opositor en Venezuela deja entrever una postura ambivalente que podría perjudicar la imagen del Perú en la comunidad internacional. El nuevo canciller, Elmer Schialer, también ha contribuido a la confusión con sus declaraciones iniciales, donde insinuó que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos. Al evitar calificar los resultados electorales del 28 de julio como un fraude y al no condenar abiertamente a Maduro, su enfoque fue percibido como una falta de firmeza que ha generado descontento tanto en la oposición como en el público. A pesar de que Schialer ha intentado matizar sus comentarios, asegurando que su poste es de "diplomacia discreta y paciente", su falta de claridad ha llevado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso a solicitar su presencia para explicaciones. Esto pone de relieve cómo la falta de alineación en la política exterior del Perú puede afectar la confianza en la gestión actual. El primer ministro Gustavo Adrianzén también ha sido criticado por su ambigüedad al referirse a la situación venezolana. Al afirmar que no se ha reconocido oficialmente a González como presidente electo, y al reiterar la necesidad de que se presenten las actas, sus palabras contradicen las posturas previas de González-Olaechea, quien sí lo había reconocido. Esta falta de consistencia en el mensaje del Ejecutivo ha sido motivo de preocupación entre los legisladores, quienes ven en ello una falta de compromiso con la democracia. Las reacciones a esta situación no se han hecho esperar. Congresistas como Alejandro Cavero y Alejandro Muñante han calificado la postura del Gobierno como "tibia", argumentando que el no reconocimiento de González Urrutia como presidente electo es un desaire hacia la lucha del pueblo venezolano por la democracia. Esta crítica pone de manifiesto cómo la política interna y la política exterior están intrínsecamente ligadas, y cómo las decisiones en un ámbito pueden repercutir en el otro. La gestión de Boluarte enfrenta un reto significativo, ya que la credibilidad de su Gobierno se encuentra en juego. La comunidad internacional observa con atención las decisiones del Perú en este contexto, y la falta de una postura firme podría tener repercusiones para el país en términos de relaciones diplomáticas y alianzas. La posibilidad de ser percibido como un país que se desentiende de las crisis democráticas en la región es un riesgo que Boluarte y su equipo deben considerar con seriedad. En última instancia, la situación actual reclama un liderazgo claro y decidido. La ambigüedad en las declaraciones de los funcionarios gubernamentales no solo confunde a la población, sino que también mina la confianza en la política exterior del país. Si el Perú desea ser un actor relevante en la defensa de la democracia en la región, es imperativo que sus líderes se pronuncien con claridad y firmeza en defensa de los principios democráticos. En este contexto de incertidumbre, la pregunta que queda es si el Gobierno de Dina Boluarte será capaz de superar las contradicciones y encontrar una voz unificada que refleje la voluntad del pueblo peruano y su compromiso con la democracia en el vecino país. La respuesta a esta inquietud no solo definirá su administración, sino que también tendrá un impacto significativo en el futuro de la relación entre Perú y Venezuela.