Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El reciente apagón que afectó a varios estados de Venezuela ha reavivado el debate sobre la seguridad y la modernización de la infraestructura eléctrica del país. En una declaración durante una cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro atribuyó la causa del apagón a un “ataque cibernético” a la central hidroeléctrica Guri, una de las más importantes de la nación. Sin embargo, expertos en el tema han cuestionado la veracidad de esta afirmación y han señalado que existen problemas más profundos que requieren atención urgente. El ingeniero electricista Paulo de Oliveira, profesor asociado de la Universidad de los Andes, desestima la posibilidad de un sabotaje electrónico, señalando que el Master Scada Station de Guri, considerado el "cerebro" de la instalación, es un sistema analógico. De acuerdo con Oliveira, este tipo de tecnología es menos susceptible a ataques cibernéticos modernos, ya que no está conectado a Internet y su acceso está restringido por un control policial estricto. Junto a Oliveira, otros especialistas como José Aguilar también consideran que el apagón no puede atribuirse a un sabotaje, sino que es un reflejo del estado obsoleto del sistema eléctrico nacional. “El problema de fondo es que el sistema está obsoleto, tiene fin de vida útil”, enfatiza Oliveira. Este sistema, que tiene más de 40 años de funcionamiento, ha dejado de ser viable debido a la falta de un proceso de modernización que debió implementarse hace más de dos décadas. Una de las razones detrás del estancamiento en la modernización de Guri son los problemas económicos que enfrenta el país. La dificultad para pagar a las empresas contratistas y la corrupción en la adquisición de equipos han obstaculizado el progreso. Además, las sanciones internacionales impuestas a Venezuela complican aún más la situación, dificultando la contratación de nuevos servicios y el acceso a la tecnología necesaria para actualizar la infraestructura. De Oliveira recuerda que en el año 2005, durante la presidencia de Hugo Chávez, se planteó un proyecto de modernización de la Casa de Máquinas 1 y 2 de Guri con la empresa canadiense ABB. Este contrato, que prometía extender la vida útil de la central por otros 30 años, no se concretó debido a la falta de pagos y a la falta de voluntad política para llevar a cabo la modernización. La opacidad del gobierno venezolano en las investigaciones sobre fallas eléctricas también es un tema que preocupa a los expertos. Oliveira señala que es esencial que se realicen investigaciones transparentes para identificar las causas de los apagones y las fallas en el sistema. Sin embargo, la falta de claridad en la comunicación gubernamental ha creado un ambiente de desconfianza, donde las verdaderas razones detrás de los problemas eléctricos siguen sin ser abordadas adecuadamente. En cuanto a la infraestructura de generación de Guri, Oliveira explica que existen dos componentes que deben considerarse: el equipo rotatorio, que son las turbinas, y el sistema de control, el cual necesita ser modernizado. La imposibilidad de acceder a tecnología actualizada debido a las sanciones ha dejado a la central en una situación crítica, dependiendo de un equipamiento que no ha sido renovado en décadas. El deterioro del sistema no solo afecta a Guri, sino también a las termoeléctricas que operan en el país. De las 20 plantas existentes, pocas están en funcionamiento, lo que complica aún más la estabilidad del suministro eléctrico. En caso de que Guri sufra un corte, la falta de respaldo adecuado en las termoeléctricas podría llevar a una crisis aún más severa. Otro aspecto que agrava la situación es la disminución del recurso humano capacitado para operar el sistema eléctrico. Oliveira destaca que la falta de técnicos conocedores del sistema eléctrico, único en su tipo en la región, ha dejado a Venezuela en una posición vulnerable. Las sanciones y la falta de recursos han llevado a una descapitalización considerable en el sector. Finalmente, es evidente que la solución a los problemas eléctricos de Venezuela no se encuentra en acusaciones de sabotaje, sino en un enfoque crítico y constructivo que permita abordar las deficiencias estructurales del sistema. La modernización de la infraestructura eléctrica debe ser una prioridad si se desea evitar que apagones como el del 30 de agosto se repitan en el futuro. Sin embargo, hasta que no se resuelvan los problemas geopolíticos y se levanten las sanciones, el futuro eléctrico del país se presenta incierto y lleno de desafíos.