Trump y Musk desatan una ofensiva radical que redefine el gobierno de EE. UU.

En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Estados Unidos, la Administración de Donald Trump ha comenzado a implementar una serie de cambios radicales y controvertidos que buscan reconfigurar la estructura gubernamental del país, con el respaldo del magnate tecnológico Elon Musk. Esta ofensiva, que infunde a las agencias federales un enfoque empresarial poco convencional, ha suscitado un intenso debate en torno a la viabilidad y legalidad de sus acciones.

Marko Elez, un ingeniero informático de 25 años con experiencia en inteligencia artificial y ex-empleado de SpaceX y Starlink, es uno de los ejemplos más notorios de esta nueva dinámica. Elez fue ubicado en el Departamento del Tesoro para supervisar los sistemas de pagos federales, pero su carrera se desmoronó tras la revelación de tuits en los que se jactaba de su racismo. Su renuncia, sin embargo, es solo la punta del iceberg en un movimiento más amplio que implica la infiltración de jóvenes ingenieros en diversas agencias gubernamentales bajo el mando de Musk.

La estrategia de Trump y Musk es clara: hacer temblar el sistema desde adentro. En menos de tres semanas, Trump ha empezado a desmantelar partes de la Administración, incluyendo la congelación inicial de financiamiento a estados y organizaciones sin ánimo de lucro, una medida que fue rápidamente revertida tras una intervención judicial. Ahora, el foco está puesto en la desarticulación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), mientras Trump sienta sus miras en el Departamento de Educación y el Pentágono.

La situación genera preocupación. A medida que el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, se adentra en las agencias, se ha desatado un clima de temor entre los empleados. La amenaza de despidos masivos y la presión para aceptar bajas incentivadas están empujando a unos 65,000 funcionarios a dejar sus puestos, aunque aún se considera insuficiente para alcanzar los objetivos de reducción de personal que la Administración persigue.

En este ambiente de desconfianza, la purga de funcionarios del gobierno que han sido críticos con Trump se ha intensificado. El presidente ha destituido a inspectores y fiscales que lo investigaron, así como a empleados de áreas relacionadas con diversidad e inclusión. La persecución se extiende incluso a los agentes del FBI involucrados en las investigaciones del ataque al Capitolio, lo que plantea serias cuestiones sobre la independencia de las instituciones.

Trump ha justificado la ofensiva argumentando la necesidad de erradicar el "despilfarro y fraude" en la Administración. Sin embargo, muchos observadores cuestionan la veracidad de las afirmaciones del presidente, tales como el controvertido relato sobre unos supuestos 50 millones de dólares destinados a condones para Hamás, que ha sido desmentido en múltiples ocasiones. Los críticos sostienen que estas tácticas son meras distracciones de una agenda más siniestra.

Las agencias y departamentos afectados han visto cómo sus procedimientos se han alterado drásticamente. Los jóvenes ingenieros, algunos de ellos sin experiencia notable en el servicio público, han asumido roles que desafían la normativa habitual. Han solicitado acceso a sistemas informáticos y han comenzado a realizar entrevistas a los funcionarios, lo que ha sido percibido como un intento de desestabilizar a la burocracia existente.

Los demócratas en el Congreso han reaccionado con furia ante estas acciones, argumentando que no se puede permitir un gobierno que funcione como una start-up. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, ha denunciado la falta de democracia en el enfoque del DOGE, subrayando que las decisiones sobre instituciones públicas deben ser participativas y transparentes.

Las tensiones se han intensificado en los tribunales, donde algunas de las acciones de Trump han sido frenadas por jueces que han limitado el acceso del DOGE a ciertos sistemas y documentos, marcando un importante contrapeso a la creciente influencia de Musk en el gobierno. Sin embargo, la batalla legal no ha sido suficiente para detener completamente la ofensiva, y el miedo persiste entre los trabajadores del gobierno.

El contexto que rodea a esta situación es aún más complicado por la vinculación de Musk y sus empresas con la Administración. Las potenciales implicaciones de conflicto de intereses han sido objeto de preocupación, especialmente mientras las investigaciones sobre sus operaciones continúan. La cuestión de si Musk tiene un acceso indebido a información sensible y clasificada ha generado un debate público sobre la ética de su papel en el gobierno.

La ofensiva de Trump y Musk representa, para algunos analistas, un intento de implementar las estrategias del Proyecto 2025, un plan conservador que aboga por un reordenamiento significativo de las agencias gubernamentales. Con una administración que busca desmantelar lo que consideran un "gobierno en expansión", el futuro de las instituciones públicas en Estados Unidos se presenta incierto, creando una atmósfera de ansiedad y resistencia entre aquellos que defienden la necesidad de una administración gubernamental robusta y responsable.

Mientras tanto, la controversia en torno a Marko Elez destaca la falta de escrutinio sobre quienes están tomando decisiones en el corazón del gobierno. La capacidad de estos "cachorros de Elon Musk" para cambiar el rumbo de la política pública y el futuro del gobierno federal es un tema que sin duda seguirá generando debate y preocupación en los próximos meses.