Investigación reveló el desvío de diésel para minería ilegal del oro en Bolivia

Una reciente investigación periodística ha sacado a la luz un preocupante esquema de desvío de diésel destinado a la minería ilegal de oro en el norte de La Paz, en la Amazonía boliviana. La revista La Brava ha documentado cómo el auge en los precios del oro ha propiciado la expansión de cooperativas mineras ilegales, lo que ha redundado en un aumento significativo en la demanda de combustible en los últimos años. Este fenómeno ha generado no solo una crisis de disponibilidad de diésel para la población boliviana, sino también serias implicaciones ambientales y sociales.

Según el reportaje, el Estado boliviano tiene establecido un límite legal de 20.000 litros de diésel mensuales para las operaciones mineras. Sin embargo, las cooperativas ilegales se están apropiando de entre 25.000 y 120.000 litros cada mes, dependiendo de la magnitud de sus actividades. Este desvío no solo representa un robo al erario público, sino que también agrava la situación de escasez de combustible que enfrentan los ciudadanos. En el último año, las dificultades para conseguir diésel se han vuelto un tema recurrente en la vida diaria de los bolivianos, resultando en largas filas en las estaciones de servicio y protestas de sectores cruciales como el transporte y la agroindustria.

El problema se ha acentuado desde 2013, pero los datos recopilados por La Brava indican que fue en 2019 cuando la demanda de diésel se disparó. Esta expansión de la minería ilegal coincide con la creciente dificultad que enfrenta el país para abastecer de combustible a su población. Aunque el gobierno atribuyó la crisis de desabastecimiento a bloqueos masivos que ocurrieron en octubre y noviembre, los expertos advierten que la situación es aún más compleja y tiene raíces estructurales. La caída en la producción local de combustible, combinada con la imposibilidad de importar por la falta de divisas, exacerba el problema.

El desvío de diésel no se limita a una o dos localidades; la investigación ha identificado al menos 17 municipios donde las estaciones de servicio están involucradas en este ilícito. Según los hallazgos, dos clanes familiares están al frente de estas operaciones, controlando entre 9 y 12 estaciones de servicio, y habrían establecido vínculos con funcionarios del Movimiento Al Socialismo, el partido que gobierna el país. Esta relación sugiere una red de corrupción que permite la continuidad de estas actividades ilegales.

El modus operandi implica que las cisternas de diésel llegan directamente a las minas clandestinas, o que las estaciones de servicio despachan el combustible a revendedores que luego lo comercializan a los mineros. Este tipo de actividad es penada por el Código Penal boliviano, que establece sanciones de tres a seis años de prisión por la reventa de combustible. Sin embargo, la prevalencia del fenómeno indica que las sanciones no son disuasivas y que el mercado negro de combustibles sigue floreciendo, incluso en plataformas digitales.

En respuesta a las revelaciones sobre el desvío de diésel, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha afirmado que se están realizando controles en colaboración con las Fuerzas Armadas. Durante operativos llevados a cabo entre mayo y noviembre, se confiscaron más de 450.000 litros de combustible que se sospecha estaban destinados a la minería ilegal. Se han producido detenciones de 323 personas involucradas en actividades de agio y especulación. No obstante, estas acciones parecen ser insuficientes frente a la magnitud del problema.

El impacto de la minería ilegal no solo se limita a la economía, ya que también plantea serias amenazas al medio ambiente. Muchas de las operaciones mineras se llevan a cabo en áreas protegidas, como el Parque Nacional Madidi, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo. La minería no regulada en estas zonas no solo pone en riesgo la flora y fauna, sino también a las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia.

La crisis de combustible y la minería ilegal son un llamado de atención sobre la necesidad de abordar las raíces del problema. Es crucial que el gobierno boliviano implemente políticas efectivas que no solo controlen el desvío de recursos, sino que también promuevan el desarrollo sostenible. Esto podría incluir el fortalecimiento de la vigilancia en las áreas mineras y una revisión exhaustiva de las cooperativas que operan en la región.

La situación actual exige una respuesta integral que involucre a la sociedad civil, el sector privado y las autoridades, para garantizar que el abastecimiento de diésel y otros combustibles sea justo y sostenible. Los bolivianos no solo merecen acceso a los recursos básicos, sino también un entorno seguro y saludable que no sacrifique su bienestar por intereses económicos ilegales. La lucha contra la minería ilegal y el desvío de combustibles es, en última instancia, una lucha por el futuro del país y su gente.