Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente propuesta del Ministerio de Trabajo sobre un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) ha generado un gran debate en el ámbito empresarial y social. La vicepresidenta Yolanda Díaz plantea una subida de 50 euros mensuales, lo que situaría el SMI en 1.184 euros al mes. Sin embargo, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme ya han mostrado su rechazo a esta medida, argumentando que no se dan las condiciones económicas para soportar tal aumento. El comité de expertos convocado por el Gobierno recomendó un incremento en una horquilla del 3,4% al 4,4%. A pesar de que los sindicatos, como UGT, parecen estar a favor de la propuesta, el consenso entre trabajadores y empresarios es difícil de alcanzar. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, ha indicado que el aumento del salario mínimo en los últimos años ha sido desproporcionado en relación con el crecimiento de la economía y de la actividad empresarial. Amor expuso que, si se confirma la subida del SMI, se habrán registrado incrementos acumulados del 60% en los últimos seis años. Este porcentaje, según él, no se corresponde con el crecimiento económico, lo que plantea serias preocupaciones sobre la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. "Ni la economía ha subido un 60% ni la actividad y los negocios de los autónomos han subido un 60%", enfatizó en una rueda de prensa reciente. A pesar del rechazo de la patronal, es importante señalar que este no es un factor determinante en la decisión final sobre el SMI. La actualización del salario mínimo es competencia exclusiva del Gobierno, y la reunión tripartita que se llevará a cabo no es más que un espacio consultivo. Sin embargo, la falta de acuerdo podría tener implicaciones significativas en la estabilidad de ciertos sectores laborales. Los empresarios argumentan que el aumento del SMI impactará negativamente en los pequeños y medianos negocios. Según datos proporcionados por ATA, en los últimos cinco años se han perdido 174.000 empleos en sectores como el agrícola y el doméstico, donde la mayoría de los trabajadores perciben el salario mínimo. Amor subrayó que esta subida podría llevar a una mayor destrucción de empleo en estos sectores vulnerables. Además, el análisis indica que las empresas con menos de cinco trabajadores han sido las más afectadas, con una destrucción de 62.000 empleos en el mismo periodo. Las pequeñas empresas, particularmente aquellas con uno o dos empleados, son las que más sufren las consecuencias de un aumento de costos asociado al SMI. Esto plantea un dilema significativo para muchos autónomos, quienes ya enfrentan desafíos económicos considerables. Desde ATA se sostiene que un aumento de 50 euros en el SMI podría traducirse en un incremento de costos de aproximadamente 1.000 euros anuales por empleado. Esta cifra no solo incluye el aumento salarial, sino también las cotizaciones sociales, lo que representa un golpe duro para los márgenes de ganancia de muchas pequeñas empresas. "¿Se pueden permitir las familias españolas que tienen más de un cuidador pagar 3.000 euros más por trabajador? Para muchos autónomos esto es inasumible", advirtió Amor. El contexto actual es especialmente complicado, ya que las empresas también enfrentan otras cargas adicionales, como el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional y la subida de las bases máximas. Estas presiones acumulativas han llevado a las organizaciones empresariales a abogar por un enfoque más equilibrado en la determinación del SMI. Se hace un llamado a la necesidad de encontrar un punto medio en el que se contemple el bienestar de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica de las empresas. Amor sugirió que cualquier subida del SMI debería ser comparable a la media de los aumentos pactados en convenios y estar alineada con el crecimiento económico y los precios de los contratos públicos. Finalmente, los empresarios también demandan una revisión de la ley de desindexación, que permita que los contratos públicos se adapten a las subidas de costos. Esta reforma podría ser clave para mejorar la sostenibilidad de los negocios que trabajan con la administración pública. En resumen, el debate sobre el SMI está lejos de resolverse, y las próximas decisiones gubernamentales serán cruciales para el futuro inmediato de muchos trabajadores y empleadores en España.