Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte de discutir la pena de muerte para los violadores de menores ha generado un intenso debate en el país. Este anuncio se produce en un contexto marcado por la abrumadora desaprobación que enfrenta su gestión, la cual ha alcanzado un alarmante 91% según la última encuesta de Ipsos. La declaración de Boluarte, realizada en medio del dolor colectivo tras el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, parece ser un intento por captar la atención de la ciudadanía y abordar un tema que indudablemente toca las fibras más sensibles de la sociedad. La presidenta, visiblemente conmocionada por el caso, afirmó que "no podemos permitir que este tipo de criminales siga en las calles" y subrayó la necesidad de no tener contemplaciones con quienes atentan contra la infancia. Esta postura ha encontrado eco en algunos sectores, pero también ha suscitado críticas y escepticismo. La respuesta de figuras políticas como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien instó a discutir el tema con serenidad, refleja la complejidad del asunto. Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha manifestado abiertamente a favor de la propuesta, lo que suma otro matiz a este debate. El analista político José Carlos Requena ha señalado que la intención de Boluarte podría estar más relacionada con un intento por mejorar su imagen ante la opinión pública que con una genuina voluntad de abordar el problema de la violencia sexual contra menores. Requena sugiere que la propuesta podría ser vista como un intento de distraer a la ciudadanía de la realidad de su gestión, que ha estado marcada por la inestabilidad y la falta de iniciativas concretas. La capacidad del Ejecutivo para poner un tema tan sensible en la agenda nacional se pone a prueba, y el tiempo dirá si esta propuesta se traduce en acciones concretas, como la presentación de un proyecto de ley. Sin embargo, la falta de un planteamiento más detallado por parte del Gobierno podría hacer que este asunto pase a ser un mero hecho anecdótico entre la población, sin un impacto real en la lucha contra los delitos sexuales. Además, es relevante recordar que en octubre de 2023, Boluarte ya había planteado la modificación del Código Penal para implementar procesos sumarísimos en casos de violación de menores, así como la aplicación de condenas a cadena perpetua. Sin embargo, estas propuestas no se concretaron en un proyecto de ley, lo que genera dudas sobre la seriedad de sus intenciones actuales. El clamor por justicia y protección de los menores es una demanda legítima de la ciudadanía, y el debate sobre la pena de muerte podría abrir un espacio para reflexionar sobre temas más amplios como la prevención de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes y la necesidad de un sistema de justicia más eficiente. Sin embargo, estos debates no deben ser utilizados como cortinas de humo para desviar la atención de la ineficacia gubernamental. La tensión entre la urgencia de respuestas contundentes ante una problemática grave y la necesidad de un análisis sereno y fundamentado es palpable. La inmediatez de la propuesta de Boluarte podría ser vista como una reacción emocional ante el horror de los crímenes contra menores, pero en su esencia, plantear la pena de muerte no es una solución sencilla y menos aún si no se acompaña de un plan integral que aborde las causas de la delincuencia. En conclusión, el futuro de esta propuesta dependerá no solo del apoyo político que logre reunir, sino también de si logra traducirse en un plan de acción que realmente busque proteger a los menores y erradicar la violencia en sus diferentes formas. La discusión sobre la pena de muerte es compleja y controversial, y aunque puede parecer una solución atractiva para muchos, es fundamental que vaya acompañada de un enfoque integral que priorice la prevención, la educación y la justicia restaurativa. La población espera respuestas efectivas y no solo declaraciones que puedan ser interpretadas como intentos desesperados de recuperar la popularidad perdida.
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